PSOE llevará una PNL en rechazo a la Lomce por considerar que supone un retroceso para el sistema educativo

El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León presentará en el próximo Pleno una proposición no de ley para trasladar al Gobierno de la nación el rechazo a la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) porque "su implantación supondría un retroceso en el sistema de la comunidad".

El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León presentará en el próximo Pleno una proposición no de ley para trasladar al Gobierno de la nación el rechazo a la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) porque "su implantación supondría un retroceso en el sistema de la comunidad".

Así lo ha señalado este viernes la portavoz socialista en Educación, Ángela Marqués, quien ha explicado que esta ley, que se aprobó el pasado 10 de octubre, ha sido "muy contestada" ya que ha generado el "rechazo de la comunidad educativa" hasta el punto de provocar una huelga en la que, "por primera vez en la historia", se han unido familias, estudiantes y trabajadores de la enseñanza.

Asimismo, según Marqués, la aplicación de la Lomce tendría un impacto "negativo" para la Comunidad ya que "estropearía cosas que ya se hacían bien" y conllevaría además "una devaluación" de la Formación Profesional que "dificultaría el acceso a la Universidad". En esta línea, ha subrayado que la ley convierte la educación en "un negocio" y que desafía a la Constitución al intentar legalizar la subvención a "colegios que separa alumnos por razón de sexos".

Por ello el Grupo Socialista, que respalda las movilizaciones, presentará una proposición no de ley para debatir en el pleno de la próxima semana con el fin de trasladar al Gobierno de España "la negativa" de los grupos políticos de esta Comunidad a esta ley, al tiempo que insta el apoyo del PP a esta convocatoria.

Presupuestos de educación

Por otra parte, Marqués se ha referido a la partida de los Presupuestos Generales de la Comunidad para Educación y ha reconocido haber "caído en la trampa" ya que, al contrario de su inicial convicción de su subida "un raquítico 0,01 por ciento", "bajan un 1,85 por ciento".

Así, la Consejería de Educación vuelve a "perder peso" con respecto al conjunto de las consejerías puesto que iniciaron la legislatura con partidas que representaban el 21 por ciento del total "y ahora están en el 18,1 por ciento".

En esta línea, Marqués ha explicado que esta Consejería es la que "más ha perdido a lo largo de estos años" ya que desde 2011 ha bajado más de un 33 por ciento y "el recorte acumulado" es de 680 millones de euros, lo que a su juicio demuestra que la Educación no es "una prioridad" para el Gobierno del Juan Vicente Herrera.

Frente a ello, ha criticado que sí que hay partidas que han sufrido un "importante incremento" como las destinadas a los colegios concertados, que hasta el 30 de septiembre ha experimentado una subida de 72,5 millones de euros más de lo que estaba presupuestado por la Consejería (un 44 por ciento más en Primaria y un 35 por ciento en Secundaria).

Por ello, Marqués ha considerado que a la Consejería de Educación una "mala gestora" ya que no ejecutó lo presupuestado, además de "castigar" en tiempos de crisis a la educación pública, y "mimar a la privada".

Ley de autoridad del profesorado

Por último, Ángela Marqués ha hecho alusión a la ley de Autoridad del profesorado y ha explicado que, con las enmiendas presentadas, los socialistas han intentado convertirla en una ley para "el prestigio social del profesorado" con medidas "que puedan ser lideradas por la Administración pública".

En este sentido, ha considerado que el PP promueve esta ley con el fin de conferir autoridad pública a la escuela privada concertada y con la idea "de que introducir el Código Penal en las aulas es un elemento bueno para favorecer la convivencia en los centros".

Por ello, ha señalado que en la Comunidad no sólo no se respeta la voluntad del profesorado sino que se debilita y ha puesto como ejemplo el caso de acoso ocurrido en los últimos años en la Escuela de Arte de León.

El PSOE propondrá, por tanto, que los expertos y representantes de la comunidad educativa comparezcan ante la Comisión de Educación "para explicar el alcance laboral y penal de la declaración de autoridad pública del profesorado".

Asimismo, ha sugerido que sería "interesante" conocer el impacto que ha tenido esta ley en las comunidades donde está en funcionamiento y su repercusión con el fin de ver si "realmente es útil", o por el contrario, es una ley que busca conceder reclamaciones "históricas" a las escuelas privada-concertadas, pero que "poco aporta" al conjunto de la comunidad educativa.

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