La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto celebrar este martes 22 de octubre el juicio contra S.G.V. por un presunto delito de estafa a 900 clientes con ficticios servicios sexuales, hechos por los que la Fiscalía pide para ella una pena de 6 años de prisión y multa de 5.040 euros.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, se plantea que la acusada, entre febrero de 2010 y marzo de 2011, puso en práctica una trama que había urdido para defraudar a numerosas personas residentes en diferentes localidades del territorio español y que consistía en ofrecer ficticios servicios sexuales que, una vez anunciados a través de Internet, y cobrados a través de cajeros automáticos, no serían realmente prestados ni, presumiblemente, denunciados formalmente por los defraudados solicitantes ya que así mantendrían secretas sus insatisfechas demandas sexuales.

Según la investigación policial, durante ese tiempo fueron aproximadamente 900 los clientes engañados y el importe total defraudado ascendería a 63.930 euros.

Para ello, la acusada ubicó su actividad en una parcela en las proximidades de la carretera de Jaén, en Albacete, donde instaló una caseta, que amuebló con dos escritorios, dos ordenadores y numerosos teléfonos móviles, donde asentó la "infraestructura criminal que había diseñado", señala el escrito de la Fiscalía.

A partir de ahí, la acusada elaboraba anuncios fraudulentos de mujeres que ofertaban servicios sexuales y, para ello, usó fotografías de prostitutas, sin que éstas lo supieran, les ocultaba la cara y hacía montajes informáticos para usar estas imágenes en los anuncios que publicaba en Internet.

Contrato varias personas

Contrató a varias personas para publicar los anuncios en diferentes páginas web y contrató a diferentes chicas para que contestaran, como operadoras telefonistas, a las llamadas que la acusada recibía desde diversos puntos de España respondiendo a los anuncios de contacto.

Las telefonistas usaban el sistema de dos llamadas para hablar con los clientes, que contactaban desde diversos puntos de España como Barcelona, Badalona, Valencia, Cartagena, Valencia, Burgos, Cáceres, Almería o Murcia. Durante la primera llamada, la telefonista atendía como si fuera ella la prostituta y preguntaba al cliente en qué ciudad se encontraba y le informaba de los servicios sexuales, el precio de los mismos —que oscilaba de los 50 euros a los 150 euros—, e incluso le ofertaba una casa.

Asimismo, las telefonistas indicaban a los clientes que, por razones de seguridad, deberían hacer el pago del servicio con carácter previo, para lo que debían de dirigirse a un determinado cajero automático e ingresar el importe del servicio seleccionado. Concluían informándole de que, realizada la transferencia, la chica llegaría a la puerta del cajero y recogería allí al cliente.

Cuando el cliente había pagado, telefoneaba nuevamente y le indicaba el domicilio al que debía acudir para mantener la relación sexual. Como el número quedaba registrado en los teléfonos móviles de las operadoras, si el cliente llamaba para quejarse de que no había aparecido la prostituta y reclamar el dinero, su llamada no era contestada y, así, el cliente se quedaba sin dinero y sin cita.

Cuando la acusada fue detenida, el 28 de marzo de 2011, al ser engrilletada para ser trasladada al hospital por uno de los policías nacionales, le dijo "Te voy a despellejar, tengo que ver tus tripas esparcidas" y, poco después, ya en el centro sanitario, le amenazó nuevamente diciendo: "Cuando te vayas de aquí te van a seguir y te van a matar, pero antes te dirán al oído que he sido yo; cuando amenazo, lo hago de verdad; hay gente que me hará el trabajo gratis; tus tripas van a quedar esparcidas".