La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Pablo Ruz solicitar a las autoridades argentinas una prueba caligráfica de la pintora Isabel Mackinlay para comprobar si es suya la firma en los contratos de compraventa de cuadros aportados por el matrimonio Bárcenas para justificar unos ingresos de 560.000 euros.

En un escrito remitido el pasado martes a Ruz las fiscales del caso piden al juez que, vía comisión rogatoria, solicite "a las autoridades argentinas se forme cuerpo de escritura de la testigo Isabel Mackinlay al objeto de poder elaborar informe pericial caligráfico".

Esta petición llega después de que el extesorero del PP haya aportado al juzgado los contratos originales de la compraventa de cuadros que le requirió al día siguiente de acordar su ingreso en prisión, el pasado 27 de junio, como requisito previo a decidir sobre su petición de someter a la pintora a esa prueba.

Se trata de dos documentos, uno de ellos, según el escrito de la Fiscalía, referido a un "contrato de mediación" fechado en Madrid el 15 de noviembre de 2004 para la venta de cuatro cuadros "y que se dice suscrito" entre la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, e Isabel Ardanaz (nombre de Mackinlay en su primer matrimonio) y con "la firma, aparentemente, de ambas".

El otro es un contrato, fechado el 19 de enero de 2006 también en Madrid, "referido a un contrato de compraventa de los mismos cuadros del contrato anterior" y "aparentemente firmado" por Iglesias y Mackinlay.

Mackinlay declaró como testigo el pasado 5 de junio por videoconferencia desde Buenos Aires y explicó que actuó como intermediaria de una compraventa ficticia de cuadros, supuestamente propiedad de la mujer del extesorero, Rosalía Iglesias.

Tras producirse ese testimonio, Ruz consideró en un auto que el extesorero y su esposa intentaron "inducir a error" al juzgado aportando contratos de compraventa de cuadros que no reflejarían operaciones reales, ya que las fechas aparecen alteradas y figura además una firma que la pintora dudó que fuera suya.

Esta constatación del juez le valió al matrimonio la imputación de nuevos delitos falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa, que se sumaban a los iniciales de blanqueo, por los que citó a ambos a declarar el 27 de junio.

Ese día, fue cuando Ruz envió a Bárcenas a prisión, decisión que motivó, no solo en el riesgo de fuga y manipulación de pruebas, sino en su capacidad para influir en otros testigos, entre los que destacó a Mackinlay, cuyo testimonio fue descalificado por el extesorero con el argumento de que padecía "enajenación mental", por lo que pidió que se la sometiera a una pericial psiquiátrica, además de la caligráfica.