El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia aprobó por unanimidad el 16 de octubre de 2013 una ley que promueve la creación de una Red Solidaria que regulará y optimizará el aprovechamiento de excedentes de alimentos de la cadena alimentaria, para que puedan ser destinados a personas que los necesiten con total garantía de seguridad alimentaria.

En el preámbulo de esta ley, presentada inicialmente por el Grupo Parlamentario Popular, se pone de manifiesto que mientras miles de familias se enfrentan cada día al drama de no disponer de recursos con los que obtener lo más básico para la supervivencia, los alimentos, en Europa se convierten en residuos entre un 30 y un 50 por ciento de alimentos en buenas condiciones, con el consiguiente impacto económico, social y ambiental.

Conscientes de este problema, la Comisión Europea ha planteado como objetivo para 2020 reducir a la mitad las actuales pérdidas y desperdicios de alimentos, según han informado fuentes del parlamento autonómico.

La ley aprobada por la Asamblea parte de ese contexto para crear el ordenamiento jurídico que promoverá y regulará en la Región las políticas destinadas a limitar las pérdidas y la reducción de los excedentes alimentarios en todos y cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria, así como a favorecer la coordinación entre las distintas partes implicadas en el proceso, con objeto de que dichos excedentes o bien se reduzcan o se destinen a entidades del tercer sector.

En el articulado de la ley se recoge la creación de la Red Solidaria de Aprovechamiento de Alimentos como mecanismo de coordinación, cooperación voluntaria, asesoramiento y seguimiento en el aprovechamiento de excedentes de alimentos de la cadena alimentaria.

Y es que, la Red estará coordinada por la Consejería competente en materia de Política Social e integrada por las Administraciones Públicas con competencias en la materia, las entidades del Tercer Sector, y los agentes económicos vinculados a la cadena alimentaria (incluido el sector frío, el transporte, espacios de almacenaje y otros) que lo soliciten.

Uno de sus primeros trabajos será proponer al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma la aprobación de un Código de Buenas Prácticas para el aprovechamiento de excedentes de alimentos, al que se podrán acoger voluntariamente las empresas e instituciones que lo deseen. El Código deberá estar aprobado en un plazo máximo de seis meses desde la aprobación de la Ley.