El PSOE-A defenderá el jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que se insta a la Junta a demandar al Gobierno central que se establezcan los procedimientos oportunos para que los bienes incautados y la totalidad de las sentencias económicas del caso Malaya y demás procedimientos judiciales relacionados con los gobiernos municipales de Marbella desde 1991 a 2006 se destinen a restituir el daño patrimonial que se ocasionó en la ciudad.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, también se reclama que dada la situación de crisis económica y los altos niveles de desempleo, dicha restitución patrimonial permita la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo e inversiones en Marbella.

En la exposición de motivos de la proposición, el grupo socialista expone que son de todos conocidos los diferentes episodios de corrupción que se produjeron en la ciudad de Marbella en los diferentes gobiernos del GIL entre 1991 y 2006, año en que el Ayuntamiento fue disuelto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Añade que la constitución de una Comisión Gestora cuyo presidente fue Diego Martín Reyes restauró la normalidad democrática en la ciudad y fue en este período de colaboración institucional donde se pudo empezar a calcular el gran desfalco patrimonial que había sufrido Marbella.

En aquel entonces, según el PSOE-A, tanto las negociaciones como la gestión de la Comisión Gestora lograron eliminar la deuda contraída con el Patronato Municipal de Recaudación, lo que garantizó la estabilidad de la plantilla, mientras que la Junta de Andalucía adelantó un préstamo de 100 millones de euros al 1 por ciento de interés, lo que permitió el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento.

Sin embargo, según los socialistas, el gran déficit económico y estructural de la ciudad sigue existiendo a día de hoy, pues los sucesivos gobiernos del GIL "saquearon el patrimonio de la ciudad, además del perjuicio moral y de imagen que sufrió un destino turístico como Marbella".

En cuanto al fallo por el caso Malaya, expone que de los más de 452 millones de condena dineraria a los culpables, tan sólo 12 millones y medio podrían destinarse a la ciudad, ya que el resto de las condenas están relacionadas con el blanqueo de capitales que nutrirían la Hacienda del Estado. "Es evidente que los delitos de blanqueo proceden de las prácticas delictivas a costa de Marbella, por lo que, sin embargo, sería injusto que el grueso de las sentencias económicas se acabarán en las arcas del Estado", señala el PSOE-A.

Ha recordado que el pleno del Parlamento ya aprobó por unanimidad el 5 de abril de 2006 reponer el daño patrimonial que había sufrido la ciudad, con el acuerdo de que todos los bienes que pudieran recuperarse tras las sentencias judiciales se destinarían a restituir dicho expolio.

Para los socialistas, en analogía con la Ley 17/2003 que regula el destino de bienes decomisados a las organizaciones de blanqueo de capitales o por tráfico de drogas, existe la posibilidad de recuperar el máximo posible del patrimonio municipal de todos los ciudadanos de Marbella.