Los periodistas de Castilla y León constituyen el quinto Colegio Profesional en España

Mar González Mena, cabeza de la única candidatura presentada, primera decana de este órgano
Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas
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COLEGIO DE PERIODISTAS DE CYL
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Los periodistas de Castilla y León han constituido este sábado su Colegio Profesional, el quinto de los que funcionan en España sometido al Derecho Público, del que será decana Mar González Mena, cabeza de la única lista presentada a la asamblea, la cual se ha celebrado en los salones de la Cámara de Comercio de Valladolid, donde también han quedado aprobados los estatutos.

Según ha informado el recién constituido Colegio a través de un comunicado remitido a Europa Press, éste nace con el objetivo de tener una función "representativa y deontológica", por lo que sus promotores entienden que contribuirá a una "mejor defensa" de las condiciones en las que trabajan los periodistas, a fin de garantizar "la independencia y libertad informativa" en beneficio de la sociedad castellanoleonesa, además de "salvaguardar el derecho a la libertad de información y de expresión".

El Colegio de Periodistas de Castilla y León nace en el seno de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), como el de Murcia y el de Andalucía. Los tres se han sumado a los ya existentes en Cataluña y Galicia. Asimismo, está a punto de constituirse el del País Vasco, mientras que se encuentran con trámites muy avanzados La Rioja, Castilla-La Mancha y Navarra, en tanto que inician el proceso Extremadura y Cantabria.

González Mena se ha referido a la "necesidad de convivencia" con las asociaciones de periodistas de las que surge, a quienes ha ofrecido "mano tendida y colaboración", para lograr "unidad de acción" en unos momentos "muy difíciles para el periodismo". En este sentido, la decana ha recordado que la crisis económica se ha llevado por delante a unos 200 medios en España desde 2008, mientras que unos 10.000 periodistas "han quedado e la calle", en torno al 30 por ciento de los profesionales en ejercicio, mismo porcentaje que se puede aplicar en Castilla y León, con más de dos centenares de periodistas que han tenido que acudir a las oficinas de empleo.

En esta Comunidad, según la decana, se ha vivido el cierre de destacadas cabeceras como el Adelanto de Salamanca o La Crónica de León, entre otros, por lo que ha abogado por no tener que lamentar la desaparición de más medios, aparte de subrayar su preocupación por la "reducción progresiva" de las redacciones locales, la situación de los corresponsales y autónomos y el "empeoramiento" de las condiciones de trabajo.

Colegiación obligatoria

Uno de los objetivos de la nueva Junta de Gobierno, en coordinación con otros colegios autonómicos, es trabajar por conseguir que el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales contemple la colegiación obligatoria para el ejercicio de algunas actividades del periodismo.

Junto con González Mena, en la junta de gobierno figuran los vicedecanos Ana María Garrido Redondo, Fernando Aller González y Roberto Zamarbide, mientras que como secretario general se encuentra Aurelio Martín y como vicesecretaria Susana Arizaga. Juan Francisco Rojo será el tesorero y actuarán como vocales: Estela Carretero García, Victoria Rodríguez Prieto, Victoria Domínguez Barroso, Beatriz Sanz Olandía, Pedro Lechuga Mayo e Ignacio Coll Tellechea.

La Junta de Gobierno, que ha mantenido su primera reunión tras ser elegida, ha acordado fijar la sede del Colegio en Burgos, provincia donde ejerce la decana, como se prevé en los estatutos, así como nombrar delegados en cada una de las provincias, además de fijar las líneas de trabajo y de régimen interno.

Los estatutos recogen que el Colegio Profesional de Periodistas goza de dos "privilegios" por su condición de institución de Derecho Público, como son el de ostentar "la representatividad de una profesión", lo que le otorga capacidad para intervenir en el proceso de elaboración de las leyes que le afecten, designando representantes en Consejos Audiovisuales y otras instancias públicas; y por otro lado, fijar un código deontológico profesional que "redunda en beneficio de la sociedad y en el prestigio de la profesión".

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