El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha remitido este viernes una circular al conjunto de la organización sobre la causa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) instruida por la juez Mercedes Alaya en la que reprueba las declaraciones y concentraciones contra ésta y subraya que el sindicato "no forma parte de ninguna trama defraudadora".

En la circular, Méndez incide en que la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT manifiesta su "desacuerdo" con el "contenido" y "tono" de dichas declaraciones y, aunque comprende que "son quizás expresión emocional de la profunda disconformidad con las afirmaciones que se recogen en algunas resoluciones judiciales referidas al sindicato".

Así las cosas, dice que "si bien defenderemos siempre el derecho a la crítica pública, también de los órganos judiciales", cuando se haga debe llevarse a cabo "con pleno respeto a la administración de justicia y a las personas que la representan".

Méndez dice en la circular que el desacuerdo de la dirección del sindicato con la línea argumental y con las afirmaciones que sobre los sindicatos se hacen en el procedimiento judicial se refutará dentro de la propia causa, acreditando la razón de ser, la actuación y el "buen hacer" de la acción sindical y de nuestros cuadros y dirigentes sindicales, también en los ERE de Andalucía.

"no somos intermediarios ni comisionistas"

Asimismo, asegura que los sindicatos son organizaciones que representan y defienden los intereses de los trabajadores y que no forman parte de "ninguna trama defraudadora". "No somos intermediarios, ni comisionistas, ni 'facilitadores' de despidos de trabajadores", añade el responsable de UGT, que también denuncia "los intereses" de implicar a los sindicatos en tramas fraudulentas para "desacreditar la actuación sindical, debilitarla o incluso eliminarla".

"Nada de ello se corresponde a la verdad y se persigue facilitar las políticas autoritarias de recortes y contrarreformas sociales y laborales, evitando que existan contrapoderes que hagan frente a los poderes económicos dominantes y a los políticos que secundan los intereses de éstos", añade.

Asimismo, desmonta la "tesis central" de la juez de que "los sindicatos hemos cobrado en los ERE, sin haber realizado ningún tipo de trabajo y bajo la amenaza de que si no pagaban las empresas o las mediadoras de seguros no se firmaría el posible acuerdo del ERE o no se les 'apoyaría' en ningún otro expediente". "Tal tesis no se corresponde con la realidad y a lo largo del proceso lo iremos acreditando", ha incidido.

Méndez prosigue recordando que los que cierran las empresas y promueven despidos, elaboran las listas de los afectados y contratan con las aseguradoras y mediadoras son los empresarios y las administraciones, no los trabajadores ni los sindicatos y que incluso se producen ERE a pesar de la acción y de la oposición de los sindicatos, por lo que "UGT nunca ha participado ni participará en promover ERE, y menos aún para aprovecharse y generar ingresos para el Sindicato".

Del mismo modo, continúa señalando que en los miles de expedientes de regulación de empleo en los que interviene en toda España UGT "siempre" ha tenido como objetivo la defensa y asesoramiento de todos los trabajadores afectados, afiliados y no afiliados, procurando el mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo y la aplicación de medidas menos traumáticas.

"Cuando la situación no permitía evitar los despidos, se ha buscado que los trabajadores estuvieran protegidos por recolocaciones y cuando esto no era posible, que obtuvieran las mejores indemnizaciones y condiciones de prejubilación para los trabajadores de más edad", ha indicado en el comunicado, donde también advierte de que UGT "no va a renunciar a esta función de defensa de los trabajadores, tampoco en el caso de despidos colectivos, pues sería tanto como renunciar a su razón de ser histórica y a la función que le reconoce la Constitución".

Asimismo, recuerda que esas actuaciones requieren recursos, que UGT obtiene de las cuotas de sus afiliados y para el resto de los trabajadores busca que no lo paguen ellos, a través de los cauces y vías legales, algo que ocurre en la mayoría de las grandes empresas.

"En la totalidad de los expedientes los costes de las prejubilaciones son asumidos por las empresas, y sólo en casos de graves dificultades o insolvencia, las empresas han recurrido al apoyo de la Administración", ha indicado el responsable de UGT que advierte de que "en contados casos de desaparición de las empresas", como es el caso de las empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva, se ha recurrido a constituir asociaciones de trabajadores para dar cobertura a los trabajadores afectados.

Imputado de ugt

Por otra parte, recuerda que el único compañero de UGT imputado por la juez "se reconoce expresamente que no se ha lucrado con la actividad sindical" y se ha mostrado convencido de que "todas las cantidades que los organismos de UGT hayan podido recibir son en pago de los importantes costes de todo tipo que han soportado en defensa y asesoramiento de los trabajadores".

Por último, reafirma su voluntad de "colaboración con la justicia" y exige que se respete la "honorabilidad" de la organización de los trabajadores, "labrada con la lucha y sacrificio de miles de militantes voluntarios de UGT".