La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha concedido 15 días a las 'herriko tabernas' personadas en el proceso de liquidación de Batasuna, en ejecución de la sentencia de ilegalización de marzo de 2003, para que presenten las alegaciones que consideren oportunas sobre su titularidad y la vinculación del establecimiento con la formación ilegalizada, informó hoy el alto tribunal.
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El plazo, concedido a los efectos previstos en el artículo 593.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha ampliado de los 5 días habituales a 15 "a la vista de la complejidad y del volumen de la documentación e información que será puesta a su disposición por la Sala".
Con las alegaciones que presenten las 'herriko tabernas', el Supremo podrá decidir si las herrikos deben ser embargadas como bienes pertenecientes a Batasuna.
Además, el alto tribunal ha dado un plazo de 10 días a los propietarios de las demás herrikos para que se personen, con abogado y procurador, en el procedimiento. En este plazo también deben subsanarse los errores que se hayan detectado.
La Fiscalía ya analiza el material
La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias de investigación destinadas a estudiar el contenido de 60 cajas que contienen el material y documentación incautadas por orden del Supremo y que le fueron remitidos al Ministerio Público para que determine si existen indicios delictivos.
El material se incautó tras la orden dada por el Supremo el 23 de octubre del año pasado de entrar en más de una treintena de herriko tabernas del País Vasco y Navarra para proceder a inventariar todos los locales y bienes de las organizaciones ilegalizadas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.
Una vez analizado el contenido de las cajas, la Fiscalía decidirá si procede el archivo de las diligencias en caso de no encontrar indicios delictivos o si remite el caso a uno de los Juzgados Centrales de Instrucción, para ampliar la investigación con nuevos registros y diligencias.
La petición de documentación al Parlamento
La Sala Especial también ha acordado pedir a la presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, que remita al Supremo la documentación relativa a las subvenciones en su día otorgadas al Grupo Parlamentario Araba, Bizkaia, Gipuzkoa Sozialista Abertzaleak (SA).
El Supremo ordenó el embargo de dichas subvenciones en junio de 2003.
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