La jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 2.142.722 euros al exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz.

Díaz ya compareció como imputado ante la jueza y se acogió a su derecho constitucional a no declarar después de que la magistrada le imputara tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Tras ello, se celebró una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se le impusiera una fianza civil de dos millones. Ahora, Alaya ha dictado un auto en el que fija esta fianza en 2.142.722 euros por su participación en relación a las ayudas a Calderinox y SAT Virgen del Espino.

En el auto donde imputaba al exparlamentario, la instructora le atribuyó una "activa participación" en la inclusión de dos intrusos (Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández) en el expediente de Calderinox, así como su presunta implicación en la ayuda sociolaboral a SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores por una cuantía total de 450.000 euros, "cuando dicha empresa sólo tenía dos trabajadores en la empresa y parecer ser que, en realidad, era para pago de parte de subvenciones anteriores pendientes de pago".

De los 2,1 millones de euros de fianza impuestos, 700.000 euros son fijados por su "contribución personal" a la negociación de una serie de expedientes, como los de la Faja Pirítica de Huelva, Saldauto o Primayor.

El abogado de Díaz defiende la "absoluta inocencia" de su cliente en este caso, añadiendo que "existen abundantes pruebas tanto testificales como documentales de su falta de participación".

En este sentido, menciona, por ejemplo, el informe remitido por la Junta a la jueza, a requerimiento de la Fiscalía, "en el que se dice que no tenía ninguna capacidad de decisión, por lo tanto ni podía proponer acuerdos ni aprobaba ni denegaba".

Y añade: "Su alejamiento de la partida 31.L (conocida como fondo de reptiles) está acreditado a lo largo del sumario y continuará demostrándolo en los momentos procesales oportunos".

Asimismo, la jueza sevillana ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 353.353,96 euros al exsecretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CC OO-A Juan Antonio Florido, a quien le imputa delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Florido compareció este miércoles ante la magistrada y se limitó a ratificar la declaración prestada ante la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación Heracles, tras lo que quedó en libertad provisional.

Alaya atiende la petición de fianza que realizó Anticorrupción y acuerda la retirada del pasaporte y que comparezca dos veces al meses ante el juzgado. Según el auto de la titular de la investigación, la fianza proviene de las cantidades "finalmente" percibidas por el imputado de las pólizas de rentas: 221.543,29 euros de la póliza colectiva suscrita con la empresa Hytasal; 43.472,18 euros de las rentas percibidas de las tres pólizas individuales de las que resultó beneficiario; y el tercio legal previsto.

Alaya imputa a Florido haber mantenido una "estrecha relación" con la aseguradora Vitalia a través de su responsable en Andalucía, el también imputado Jesús Bordallo, "realizando labores de captación de empresas de los sectores textil y químico, que se encontraban en procesos de reestructuración, y participando activamente en diversos procesos de regulación de empleo de empresas, en los que se han detectado irregularidades".

Y mantiene que "habría ejercido como facilitador" para Vitalia, "aportando información acerca de empresas del sector textil y químico en situaciones de crisis y reestructuración", lo cual "habría propiciado que se les ofreciera un paquete completo que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada".

Por otra parte, el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha pedido este viernes a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que exija a los altos cargos socialistas imputados en el caso  que "colaboren con la Justicia y declaren" ante Alaya y, "si no, que los repruebe" públicamente. La petición de Zoido llega después de que los últimos ex altos cargos de la Junta citados como imputados en la causa se hayan acogido a su derecho a no declarar.

Por eso, el líder de los populares andaluces insta a Díaz a "ejercer su liderazgo" y a "dar instrucciones" en su partido para que estos ex altos cargos "cambien de actitud" y presten declaración. De lo contrario, advierte, la presidenta "tolerará, alentará y justificará esta actitud que echa por tierra su discurso sobre la transparencia".

"O transparencia o estará usted implicada en esta trama de ocultismo y de silencio cómplice con la corrupción del PSOE-A", ha añadido el también alcalde de Sevilla, tras criticar a quienes "están obstruyendo" la Justicia "guardando silencio" o quienes "impiden" que se esté recuperando el dinero defraudado.

Así, ha insistido en reclamar a Díaz que pase "de las simples palabras" sobre la transparencia a los "hechos", afirmando que sólo con las declaraciones de los imputados se contribuirá "a esclarecer lo que ha pasado en los ERE", caso por el que "cada día está más claro que se fue" el expresidente andaluz José Antonio Griñán, ha añadido.