Ecologistas en Acción de Cantabria ha exigido la depuración de

responsabilidades económicas y penales por la anulación definitiva de

la variante Este de Comillas en las "personas concretas", técnicos y

políticos, tanto del Gobierno anterior como del actual que mantuvo el

recurso ante el Tribunal Supremo, que ampararon o tomaron las

decisiones de iniciar las obras a pesar de las "reiteradas

advertencias de la ilegalidad" que ahora se ha confirmado.

Además, la organización entienden que las responsabilidades deben concretarse también en "indemnizaciones personales" a la hacienda pública por el "despilfarro e inutilidad" de la inversión pública realizada y el pago de las costas a que ha sido condenado el Gobierno de Cantabria.

Los ecologistas requieren también la restitución de los lugares y ecosistemas afectados a su estado original, labores de restauración ambiental y del paisaje, con la corrección de los impactos que se hayan producido con los movimientos de tierras, rellenos, vertidos y alteraciones edafológicas, hidrológicas y forestales en el trazado de la variante, y garantías de conservación y protección de la fauna "del excepcional corredor fluvial" del arroyo Gandarias y el sistema kárstico asociado.

Ecologistas en Acción confía en que esta sentencia sirva para

"acabar con la impunidad y la arbitrariedad de la política de hechos

consumados de la Administración" en este tipo de iniciativas, donde cita a la variante de Oyambre, también con una sentencia en contra pendiente de confirmar por el Tribunal Supremo.

Asimismo, desea que esta sentencia estimule la "prudencia en las descalificaciones", en alusión a las que sufrieron quienes se sumaron a la querella; y para confirmar que la demanda contra la variante era "fundada" ya que suponía "irreversibles impactos", era "innecesaria" y "absurda" en términos viarios y conllevaba el "derroche" de cerca de 10 millones de euros.