El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado este jueves, con los votos del PP, una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista referente a la reforma energética en la que instan al Gobierno regional a "desarrollar una estrategia energética basada en las energías renovables".

En la iniciativa, el PSOE pedía también que se facilitase "una estrategia energética que debe ser sostenible, económica, social y medioambientalmente, con capacidad para contribuir de forma decisiva al cambio del modelo productivo y a reducir la dependencia del exterior".

Instaba, además, a "mostrar el rechazo a la reforma energética del Gobierno de España e instar al Ejecutivo a retirar" el Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico español.

El Grupo Popular ha exigido al Socialista —para apoyar la proposición— que aceptase una enmienda de modificación a este rechazo, de tal modo que la Proposición no de Ley incluyera "el apoyo de las Cortes al Gobierno de España en el esfuerzo realizado en la disminución del déficit tarifario para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional".

Tras el rechazo del Grupo Socialista a incorporar esta enmienda, la mayoría 'popular' ha rechazado la iniciativa de la oposición.

Psoe y pp

En defensa de la Proposición no de Ley, el diputado socialista Modesto Belinchón ha señalado que con esta reforma energética el Gobierno central "se está equivocando" y ha solicitado a los 'populares' que ayuden a fomentar el desarrollo de las energías renovables para que Castilla-La Mancha "tenga un modelo energético que favorezca a familias y empresas".

Belinchón ha lamentado que con esta reforma el Gobierno de Mariano Rajoy deje sin futuro a Castilla-La Mancha "en un sector" que puede verse beneficiado económicamente en lugares como Puertollano o Albacete, entre otros.

De su lado, la diputada 'popular' María José Ciudad ha asegurado en su turno de intervención que desde la Consejería de Fomento se va a realizar un Plan Energético sobre la base de la regulación nacional energética, que ha calificado "de oportuna y necesaria para la economía y para el control del déficit público".