El Parlamento de Andalucía ha mostrado su conformidad con una iniciativa de IU que rechaza toda situación de vulneración de los derechos de reunión, asamblea, información, libertad de expresión, inasistencia a clase y todos los derivados del derecho de participación, reconocidos en ordenamiento jurídico, tanto a las familias como a alumnos, profesores y miembros de la comunidad educativa de los centros educativos de Andalucía, en la previa de la huelga general en la educación convocada para el 24 de octubre.

Así, a pesar de que los derechos de participación de las familias y alumnos están "nítida y expresamente" recogidos en varios textos normativos estatales y autonómicos, la federación de izquierdas ha denunciado que existe esa "vulneración" de estos derechos en algunos centros educativos andaluces en los últimos años, "principalmente como consecuencia del choque de intereses ideológicos y personales que el ejercicio de estos derechos provoca principalmente con quienes tienen el deber y competencia de garantizar su ejercicio efectivo, principalmente en el marco del ejercicio de los derechos a huelga, asamblea, reunión y manifestación".

Por ello, el Parlamento de Andalucía ha acordado también instar a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta a adoptar, de forma previa a la huelga, las medidas oportunas destinadas a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de reunión, asamblea, información, libertad de expresión, inasistencia a clase y del derecho de participación, así como a adoptar, "con carácter de urgencia", las medidas oportunas destinadas a corregir esta vulneración de derechos.

La encargada de defender la iniciativa ha sido la diputada portavoz para asuntos de Educación, Marina Segura, quien ha recordado que la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida y gestión de los centros educativos "es un derecho constitucional reconocido a las familias y el alumnado, y un elemento básico del Estado Social y Democrático de Derecho".

Asimismo, se ha referido a la Ley de Educación de Andalucía (LEA) para recordar que la normativa vigente tiene como objetivos favorecer la democracia en los centros docentes, promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la convivencia democrática y la participación, estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea y promover la participación del profesorado en el sistema educativo y la de las familias.