La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, explicó ese jueves que el Plan Económico Financiero de Reequilibrio (PEF) 2012-2014 ha permitido un ahorro cifrado en 2.872 millones de euros, según los datos de ejecución hasta el IV trimestre de 2012 facilitados por el Ministerio de Hacienda, prácticamente la cuarta parte (23 por ciento) del ahorro total de las CCAA, cifrado en 12.503 millones de euros, de forma que "uno de cada cuatro euros ahorrados por las comunidades autónomas corresponde a Andalucía".

En comisión parlamentaria, Montero destacó que, hasta esa fecha, Andalucía "ejecutó el 91 por ciento de las medidas de gasto planteadas en el PEF, frente a la ejecución media del 82 por ciento alcanzada en el conjunto de comunidades autónomas".

Para poner en valor estos resultados, la consejera recordó que se ha intensificado el uso racional de los recursos públicos, pese a que, ya antes de la actual crisis económica, Andalucía ha destacado por la "gestión seria y rigurosa de los recursos, con una política de eficacia y control riguroso" y precisa que "prueba de ello es que, entre 2004 y 2007, la comunidad redujo su deuda un tres por ciento, mientras que en el resto de las comunidades la deuda experimentó durante ese mismo período un aumento del 23 por ciento".

La consejera reiteró el esfuerzo realizado en Andalucía para reducir el gasto operativo, especialmente en bienes y servicios, para cumplir con el PEF, citando ejemplos concretos como el ahorro conseguido en atención protocolaria y representativa (-44,8 por ciento respecto al crédito inicial de 2012), información, divulgación y publicidad (-57,4 por ciento), dietas (-45,2 por ciento), información institucional (-39,9 por ciento) o suministros (-12,7 por ciento).

En su intervención, Montero garantizó que la Junta mantendrá una "clara política de gasto orientada por los principios de eficiencia, austeridad y racionalización", aunque siempre priorizando la protección de los servicios públicos fundamentales.

Asimismo, ha asegurado que en el capítulo 2, "se arbitrarán medidas de economías de escala, aprovechando elementos y aplicando medidas innovadoras en la compra de suministros".

El diputado de IU Ignacio García ha animado a Montero a "seguir en el camino del ahorro en lo pequeño" y rechaza que "se utilice el ahorro o el gasto para ir contra lo público, pues los hospitales deben funcionar y los colegios deben pagar materiales".

Ha criticado que "se pretenda introducir en el campo de los servicios públicos a las entidades y empresas privadas, bien por privatización directa o porque lo público abandona ese campo y se queda un nicho de negocio".