El TSJIB ve legítima la demanda de PSOE y MÉS por la incompatibilidad de Bauzá

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha votado a favor, por mayoría de tres a dos, de la legitimidad de la demanda interpuesta por los grupos PSOE y MÉS por la incompatibilidad del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, a raíz de sus negocios privados, entre los que se encuentra la gestión de una farmacia en el municipio mallorquín de Marratxí.
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EUROPA PRESS
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El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha votado a favor, por mayoría de tres a dos, de la legitimidad de la demanda interpuesta por los grupos PSOE y MÉS por la incompatibilidad del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, a raíz de sus negocios privados, entre los que se encuentra la gestión de una farmacia en el municipio mallorquín de Marratxí.

De este modo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado la petición que había formulado la Abogacía de la Comunidad Autónoma para que la demanda fuese deslegitimada por defectos de forma. No obstante, desde PSOE y MÉS alegan tener interés "directo y legítimo en que el presidente no esté incurso en incompatibilidad".

A partir de ahora, tanto la Abogacía como Bauzá, recientemente personado en el procedimiento, deberán responder a la demanda para posteriormente practicarse las pruebas pertinentes en este sentido. Finalmente, la máxima instancia judicial de las islas dictará una sentencia acerca de si el presidente del Govern incurrió o no en incompatibilidad.

Cabe recordar que fue el pasado 24 de julio cuando el bloque de la oposición interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el presidente del Govern por su "incompatibilidad" en el cargo al ser titular de una oficina de farmacia y administrador de dos empresas privadas (la vinoteca Divino y Bauser).

Tal y como expone la Sala en un auto dictado este jueves, la condición de parlamentarios de los denunciantes y su invocada obligación de controlar la acción del Consell de Govern y de exigirle respeto a las Leyes, y en particular la que establece las incompatibilidades de sus altos cargos, "no hace modificar el criterio jurisprudencial sobre la legitimación".

De hecho, apunta que la Ley de Incompatibilidades de Baleares prevé que el Consell de Govern "será el encargado de examinar, y en su caso de requerir, a aquellos que sean nombrados o cesados en un cargo o puesto de trabajo (...) el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley". Asimismo, dedica uno de sus capítulos a los medios de control y dentro de éstos contempla la posibilidad de requerir al alto cargo el cumplimiento de las obligaciones, como mecanismo distinto del régimen sancionador.

"La Administración demandada parte de la premisa de que lo solicitado por los Grupos Parlamentarios lo fue la petición de incoación de procedimiento sancionador que culminase con la apreciación de la incompatibilidad y consiguiente sanción", apunta la Sala, que responde sin embargo que por parte de MÉS y PSOE "no se solicita que se incoe expediente disciplinario alguno"

La demanda

Concretamente, ambas formaciones han pedido a la Audiencia que declare "la incompatibilidad para el ejercicio del cargo de presidente de las Islas Baleares" de Bauzá, que está "afectado por la imposibilidad de ocupar y ejercer esta función, puesto que está en manifiesto incumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley 2/1996 de 19 de noviembre, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares".

Una vez certificada esta incompatibilidad, piden el PSIB y MÉS que Bauzá debe "cesar inmediatamente" como presidente del Govern para restablecer plenamente "la legalidad conculcada".

Asimismo, ambas formaciones piden que se declare "no ajustado a derecho" el acuerdo del Consell de Govern de 19 de octubre del 2012, cuando el Ejecutivo balear decidió archivar las actuaciones previas de carácter reservado en relación a los presuntas motivos de incompatibilidad de Bauzá como presidente.

Para los socialistas y la coalición econacionalista, la decisión del Govern de archivar las diligencias se hizo "sin tener la totalidad de la información de las actividades del presidente, que no la transmitió al Ejecutivo, como debería haber hecho".

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