Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a 78 personas en una operación que ha permitido desmantelar una trama que presuntamente defraudó 900.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social con falsos contratos laborales para que pudieran cobrar los subsidios por desempleo, según ha informado la Policía en un comunicado.

De los 78 detenidos, 76 supuestamente habían sido contratados de manera fraudulenta por un empresario y su gestor. Funcionarios de la Brigada Policial de Extranjería y Fronteras de Alicante iniciaron la investigación en septiembre y detuvieron al empresario que presuntamente había creado una empresa "ficticia" que no tenía actividad laboral y cuyo único fin, según los agentes, era "dar de alta a falsos trabajadores para cobrar subsidios por desempleo y otras ayudas análogas, durante un período de dos años".

Contratos por dinero

El 'modus operandi' del empresario, que presuntamente trabajaba en connivencia con su gestor en la zona de la Vega Baja y Murcia, era la venta de contratos de trabajo a ciudadanos españoles y extranjeros, a los que daba de alta como trabajadores en el régimen general de la Seguridad Social, a cambio de una cantidad económica "variable".

El tiempo cotizado como consecuencia de la simulación de esta relación laboral permitía a los contratados tener acceso a prestaciones económicas por desempleo y la obtención o prórroga de permisos de residencia para los ciudadanos extranjeros, "sin haber realizado actividad laboral alguna", señala la Policía.

Según la investigación llevada a cabo, para alcanzar un mayor número de "clientes", falsos trabajadores, el empresario y su gestor presuntamente trabajaban con colaboradores "que actuaban como captadores y como intermediarios" para ponerles en contacto con personas interesadas en obtener los contratos.

La investigación policial ha desvelado que el fraude económico de los falsos contratos asciende a 900.000 euros, de los que 600.000 euros corresponden a las cuotas impagadas a la Tesorería General de la Seguridad Social por parte del empresario y los 300.000 euros que habrían cobrado los "falsos trabajadores" en concepto de desempleo. El operativo policial ha permitido esclarecer diversos delitos de Falsedad Documental, Estafa, Pertenencia a Grupo Criminal y contra la Seguridad Social.