La asociación de propietarios de terrenos eólicos Ventonoso —vinculada a Unións Agrarias— ha considerado que las medidas sobre renovables y sector eólico avanzadas por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el Debate sobre el Estado de la Autonomía pretenden "encubrir el fracaso del concurso" que está en marcha en Galicia.

En rueda de prensa, el presidente de Ventonoso, José Antonio Diéguez, y el secretario de Desenvolvemento Rural de UU.AA., Jacobo Feijóo, han señalado que actualmente están en tramitación administrativa 3.000 megavatios (unos 2.300 del último concurso y 700 pendientes de antes), pero "no instalados", y han advertido de que mientras se mantenga la "inseguridad jurídica gravísima" generada por los cambios normativos en España, no se construirán parques y los que existen "empezarán a cambiar de dueño, hasta acabar en manos de las grandes empresas".

En este contexto, ha considerado que se puede hablar "del fracaso total y rotundo del concurso" eólico en Galicia. Algunas empresas adjudicatarias, ha dicho, querrían renunciar a los megavatios otorgados, pero "están atrapadas" por el "elevado coste económico" de las fianzas que la Xunta requirió para poder desarrollar los planes. No obstante, si los plazos vencen y las compañías no son capaces de implantar los parques, "legalmente deben retirarse".

Así las cosas, ha augurado que "no se va a hacer ningún parque hasta que cambie la ley" y ha aconsejado a los propietarios de terrenos en los que se proyecta instalar aerogeneradores que "no firmen nada porque no se sabe bien cómo van a acabar las cosas". Aunque reciban cartas "diarias", Feijóo ha apuntado que se debe a que las empresas están interesadas en avanzar en el proceso adminitrativo para obtener los derechos "para, en el momento que puedan, afrontar los parques".

Por su parte, el presidente de Ventonoso, José Antonio Diéguez, ha repasado las medidas avanzadas por el presidente de la Xunta que afectan al sector. La rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) hasta el 0,3% es "una bajada de pantalones", ha afirmado. Las empresas eólicas mantienen un enfrentamiento abierto con el Gobierno gallego a causa de este gravamen, que creen que no se les debe aplicar.

La Xunta ha recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la última resolución del Tribunal Económico-Administrativo que rechaza aplicar el impuesto de transmisiones a los parques eólicos, como ha recordado Diéguez, que ha considerado que aprobar una rebaja antes de conocer la respuesta en los juzgados es "perdonar a las eólicas ese impuesto" y "bajarse los pantalones antes de tiempo".

REPOTENCIACIÓN

Sobre las bonificaciones a las empresas que hagan repotenciaciones, ha indicado que esta posibilidad ya estaba recogida en la ley eólica actual y ha advertido, en cualquier caso, de un efecto negativo para los propietarios, más del 80% de los cuales tiene vinculado el alquiler al número de aerogeneradores.

Los cálculos de Ventonoso cifran en 7 millones de euros la cantidad que perderían los dueños de las tierras, que pasarían de cobrar 10 a 3 millones si el proceso se aplicase a todos los parques susceptibles de ser repotenciados.

No obstante, ha considerado que, "con las condiciones actuales de primas no les interesa repotenciar" y las empresas dejarán "que los parques se caigan de viejos". Al hilo de esto ha pedido a la Xunta "una ITV" para controlar el estado de estas instalaciones e impedir que "los montes estén llenos de chatarra".

Canon eólico

Diéguez se ha referido también a la renovación del proyecto sectorial, por lo que se felicita, pero recrimina a la Xunta que no lo haya presentado a los agentes sociales. En cuanto a las facilidades para que los adjudicatarios del concurso renuncien, ha considerado que "es tanto como reconocer que se fracasó, pero reconocerlo tarde".

Por último, ha criticado los efectos del canon eólico sobre los consumidores porque, ha asegurado, un decreto del Gobierno central provoca que las autonomías que tengan impuestos propios sobre la electricidad hagan recaer el gravamen "en los consumidores de esa autonomía". "No pedimos retirar el canon, sino que el Gobierno central retire ese real decreto", ha indicado.