El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, ha asegurado este jueves que el sindicato no cometió ilegalidad en los ERE andaluces, pero sí ha apuntado que la investigación interna que se ha llevado a cabo ha constatado "desorden" en la facturación de las pólizas.

También ha señalado que se han detectado "indicios, en algunos casos, de comportamientos reprobables".

Toxo ha desgranado el informe que ha elaborado la comisión de investigación interna sobre la intervención sindical en los ERE de Andalucía y ha asegurado que, a partir de ahora, la facturación de las pólizas de seguros ya no se tramitará a través de entidades mediadoras, sino directamente con las empresas.

Por su parte, el secretario de CC OO-A, Francisco Carbonero, que acompañó a Toxo en la rueda de prensa, ha responsabilizado de "la chapuza administrativa" a la autoridad laboral de Andalucía, subrayando que esa "chapuza" ha hecho que aparezcan "intrusos que no lo son o pólizas que tenían que estar en un sitio y han estado en otro, aunque el sindicato no ha participado de ello".

Carbonero ha insistido en que el sindicato, "en ningún caso, ha hecho acuerdo alguno con el Gobierno andaluz para ver cómo se aportaban las ayudas sociolaborales, ni las federaciones que negociaban los ERE iban corriendo detrás de las aseguradoras, como se dice". CC OO "no ha cometido ninguna ilegalidad", es la conclusión que subrayan tanto Toxo como Carbonero.

El secretario general de CC OO también ha avanzado que de los diez imputados, hasta el momento, vinculados a CC OO en el caso de los ERE, se ha convenido que cinco "merecen la protección jurídica" del sindicato.

De las otros cinco ha dicho que algunos "no pertenecen a la organización" y que otros dos "están inmersos en un proceso sancionador" por parte de su organización.

Así, se deduce que el sindicato no prestará asistencia jurídica a Cristóbal Martínez, Damián Jiménez y a José Manuel Casado, puesto que ninguno pertenece actualmente al sindicato. Ni a Francisco José González García y Francisco Casado, sobre los cuales pesan sendos expedientes sancionadores.

En el informe también destacan comentarios como el realizado sobre Diego Guerrero, imputado como intruso en la póliza de Samec, que mantiene que "carece de toda lógica considerarlo intruso y su imputación muestra ausencia de rigor"; o la información relativa al secretario de la Federación de Industria, Enrique Manuel Jiménez, que está implicado por una póliza en la que aparece otra persona, que "sí puede ser un intruso real y cuya inclusión se llevó a cabo sin conocimiento alguno de ningún responsable de CC OO".

Además, Toxo ha trasladado que las conclusiones de la investigación ponen de manifiesto que "no ha habido intrusos en los expedientes", es decir, en el momento de negociación, pero que sí se han detectado en el momento de formalizar las pólizas, cuando ya no interviene la representación de los trabajadores.

El informe de la comisión interna de CC OO niega que esta organización haya participado en la trama o que alguno de los imputados "haya metido la mano", pero sí confirma "desorden" en la facturación y "deficiencias en la instrucción" por parte de la jueza Mercedes Alaya, aunque no han estimado ningún tipo de actuación.

En este sentido, Toxo ha manifestado que "no es entendible" que se haya tardado tanto tiempo para pedir los datos a la Agencia Tributaria y que no ha habido indicios de enriquecimiento personal de las personas imputadas. Si lo hubiese (el informe es abierto y está sujeto a cualquier tipo de corrección), CC OO "tomaría las decisiones que correspondan", ha resaltado.

"Si existe o hay indicios de que hay una trama vinculada a los ERE, CC OO no ha formado parte, ni forma, ni formará parte de esa trama" ha reiterado, a la vez que ha revelado que la comisión recomienda que, en un futuro, no se financien costes de actuación en un ERE con cargo a fondos públicos.

Por otro lado, Toxo ha indicado que el sindicato descarta emprender acciones judiciales contra Alaya como sí estudia UGT, señalando que corresponde a los implicados emprenderlas si así lo consideran.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido a los sindicatos la misma "transparencia, contundencia y firmeza" contra la corrupción que ella se aplica en el Gobierno andaluz y que también solicita a su partido. "Ellos (los sindicatos) lo van a agradecer y los ciudadanos también se lo van a agradecer a ellos", ha añadido.

Así se ha pronunciado durante su intervención en un desayuno organizado por la cadena Ser en Sevilla, donde ha indicado que los sindicatos son un "instrumento fundamental" en un modelo de convivencia.

"Quien intente destruir los sindicatos o cualquier órganos de representación social clave y de diálogo social se equivoca y le está haciendo daño a la sociedad en su conjunto", ha apuntado.

Asimismo, preguntada por la instrucción del caso de los ERE, Díaz ha asegurado que "nunca" va a opinar sobre los autos "ni cuando beneficie a mi gobierno o al partido en el que milito, ni cuando sean contrarios", pero sí ha pedido "celeridad" porque "la Justicia es más justa cuando es rápida".

La presidenta andaluza ha insistido en que los ciudadanos no entenderían que después de la instrucción que se ha realizado haya delitos que prescriban y ha defendido que "quien se haya llevado un solo euro de lo público tiene que pagarlo y también devolverlo, cayendo el peso de la Justicia con toda contundencia sobre esas personas".

También ha dejado claro que "nunca" estará a favor de que se jalee a un juez ni tampoco de que se le haga un escrache como el que sufrió Alaya la semana pasada.

Díaz ha añadido que la corrupción es una de las causas de la desafección política actual y que ha suscitado una "enorme alarma social". Así, ha dado su palabra de ser "implacable"; se ha mostrado convencida de que los políticos que no cumplan con su obligación al frente de la lucha contra la corrupción "se verán arrastrados por una ola de indignación ciudadana que pasará sobre ellos"; y ha subrayado que el pacto que ofreció al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para la regeneración democrática no pretendía "tapar la corrupción, sino combatirla".