Todos los grupos de la oposición en el Congreso han mantenido este jueves su rechazo al proyecto de ley de Garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, así como a las enmiendas que se han introducido en el texto durante su paso por el Senado.

La invasión competencial, la introducción "por la puerta de atrás" de una regulación sobre el 'fracking' o la falta de apuesta por las energías renovables frente a los combustibles fósiles son las principales críticas que comparten las diferentes formaciones, que ya han anunciado que votarán en contra tanto de las enmiendas de la Cámara Alta como contra el propio proyecto de ley con su redacción final.

El socialista Pablo Martín Peré cree que se ha "perdido la oportunidad" de haber convertido a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en "ejemplos de sostenibilidad energética" y ha lamentado que esta normativa no se haya incluido dentro de una reforma energética más general, aunque de manera particular dadas las "necesidades energéticas diferenciadas" de estos territorios con la península, pero también entre ellas.

Además, cree una "injusticia social manifiesta" que se deje de financiar los sobrecostes de estos sistemas a través de los Presupuestos, porque serán los ciudadanos los que tendrán que sufragar estos gastos sin ningún criterio de progresividad.

Por último, el diputado ha lamentado que el Gobierno "condene" a los territorios canarios a "continuar por la senda de las energías fósiles" al "impedir una verdadera implantación de un sistema de generación de renovables" y, además, ha rechazado que se introduzca "por la puerta de atrás" el fracking a través de una "técnica legislativa reprochable que ha sustraído un debate importante" a las Cortes.

Sólo extiende la oscuridad

Laia Ortiz, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha mantenido los argumentos de la enmienda de totalidad que presentaron en su momento, principalmente que la norma "no conseguirá los objetivos de su título —aumentar la competencia y garantizar el suministro—, y menos en los territorios" a los que va dirigida, que tienen "retos energéticos completamente distintos" y que no deberían legislarse conjuntamente.

"Esta ley responde a la obsesión del Gobierno de no tener una política energética a largo plazo y a su obsesión absoluta con el déficit tarifario sin tener en cuenta diversidad territorial. Además, es una ley que nace caducada, porque estamos a punto de hablar de la reforma eléctrica que modifica sustancialmente este texto", ha añadido, reprochando que una vez se cargue contra las renovables y el autoconsumo, y que se "abra la puerta de atrás" al fracking.

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, cree que las enmiendas incorporadas en el Senado "no han aportado nada" y que "sigue siendo otra ley que forma parte del mosaico de enorme variedad que sólo consigue extender la oscuridad sobre el sector eléctrico". "La luz es lo que brilla por su ausencia. Esta norma crea un embrollo manifiesto", ha añadido.

Invade competencias

Inmaculada Riera, de CiU, ha destacado como aspectos más negativos de la norma el "refuerzo" de la Administración central "con merma de competencias" de las comunidades autónomas y la cesión de proyectos privados de estaciones de bombeo a Red Eléctrica Española (REE), de cuya legalidad ha dudado a la luz de la legislación comunitaria. Además, cree que las enmiendas introducidas en el Senado no han mejorado el texto de forma suficiente.

Con respecto al fracking, la diputada catalana cree que "se avala un riesgo que no ha sido previamente evaluado" y se invaden competencias autonómicas, y ha recordado que la propia Comisión Europea (CE) apuesta por un marco legislativo común al que "no se ha esperado". "El Gobierno ha ignorado reiteradamente todas las críticas sobre este tema", ha lamentado.

La diputada de ERC Teresa Jordà cree que la ley "sólo busca sistemas para perpetuar la dependencia" de los combustibles fósiles y "abrir las puertas" al fracking. "Donde el PP ve una oportunidad nosotros vemos una ruina", ha dicho, advirtiendo de que esta práctica "al territorio no le gusta".

Pedro Quevedo, de CC-NC, cree que la norma es un "disparate conceptual" porque "legisla sobre territorios que nada tienen que ver unos con otros". "Lo único que unifica todo es la introducción del fracking, que no podemos aceptar", ha dicho, añadiendo que hay una invasión competencial. Con respecto a Canarias, el diputado cree que esta ley "cuestiona el futuro" y el desarrollo de las energías renovables.

La diputada de Geroa Bai Uxue Barkos ha mantenido su "no rotundo" a esta norma, y ha expresado su preocupación por el cambio introducido en el Senado sobre la adjudicación de titularidad de las estaciones de bombeo porque "introduce una clara invasión competencial" y también ha criticado que se "abre la puerta de atrás" al 'fracking'.

Afrontar las dificultades

El 'popular' Guillermo Mariscal ha afirmado que el Gobierno "afronta las dificultades obvias, no dejándose llevar por la inercia ni esperar" y ha defendido que con esta ley se afronta el "claro riesgo" en la calidad del suministro y el encarecimiento de los costes de los sistemas insulares y extrapeninsulares, a través de un aumento de la competencia entre operadores.

Además, ha asegurado que se pondrá fin a un mix energético "obsoleto y en exceso contaminante" y se reducirá la dependencia a través de nuevas infraestructuras y potenciando el bombeo. "Además, esta mayor entrada de energías renovables en el mix supondrá un ahorro", ha afirmado, preguntándose por qué los partidos que en Canarias negocian con el Gobierno sobre estas cuestiones rechazan la ley en el Congreso.

"Este gobierno no se arruga, toma medidas, vela por el interés general, no se arredra ante intereses de algunos y afronta la defensa del interés general en materia energética", ha zanjado.