La empresa Berkeley Minera España ha manifestado que el proyecto de explotación de uranio en Retortillo (Salamanca) es "un proyecto riguroso que cumple con toda la normativa aplicable, tanto desde el punto de vista minero como medioambiental y de protección radiológica y que tiene en cuenta la prevención exhaustiva de todos los eventuales impactos sobre la salud de las personas y el medio ambiente".

Así lo asegura en un comunicado en relación a las opiniones vertidas en los últimos días por diversas plataformas y asociaciones ecologistas sobre la actividad que Berkeley realiza en la provincia de Salamanca.

La entidad de explotación ha puntualizado que las apreciaciones difundidas por las plataformas "no tienen en cuenta ni las características del proyecto ni la normativa aplicable a la que tanto la Junta de Castilla y León como el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el promotor del proyecto se están sujetando".

Berkeley ha rechazado "contundentemente" todas las acusaciones de "actividad especulativa que intentan desvirtuar su actividad, tratando de vincularla con objetivos alejados de lo que es su verdadero propósito: la puesta en marcha de un yacimiento que, aparte de la rentabilidad que revertirá a la empresa, supondrá la generación de importante actividad económica en la región y la creación de riqueza".

Según la información facilitada a Europa Press, la empresa ha invertido hasta la fecha más de 45 millones de euros en los proyectos que desarrolla en España y de aquí a final de año habrá invertido cerca de 50 millones de euros. "Son difícilmente compatibles estas inversiones con una actividad especulativa", ha añadido.

Las recientes declaraciones de las plataformas, ha continuado en el comunicado, "faltan a la verdad cuando aseguran que la reciente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero de Berkeley en Retortillo que ha emitido la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Junta de Castilla y León es precipitada".

Proceso de tramitación

El proyecto de Ley de Evaluación Medio Ambiental que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso, establece que el plazo máximo para resolver la DIA , una vez que la documentación esté completa, será de 6 meses. Sin embargo, la emisión de la DIA se produce tras "un largo periodo de tramitación de dos años, durante el cual se ha estudiado y analizado concienzudamente el proyecto y se han recogido los comentarios y observaciones de administraciones y grupos ecologistas", ha puntualizado.

El proceso para la obtención de la DIA se inició en octubre de 2011 con la presentación del Documento Inicial de Impacto Ambiental conjuntamente con la solicitud de la Concesión de Explotación Retortillo-Santidad. En este proceso se incorporaron al Estudio de Impacto Ambiental y a los planes de Explotación y de Restauración y Clausura las consultas previas de 24 instituciones, municipios implicados, asociaciones y departamentos de la administración, en las que, según Berkeley, se incluían asociaciones ecologistas, todos los departamentos de la Consejería de Medioambiente, Protección Civil y Consejo de Seguridad Nuclear.

En concreto la participación de las asociaciones ecologistas se materializó durante el período de consultas, el de información pública y su participación en la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Salamanca en calidad de miembros de la misma, ha aseverado.

Posteriormente, según recoge Berkeley, el Estudio de Impacto Ambiental fue tramitado de manera "exhaustiva" por la Junta de Castilla y León y enviado a consultas de nuevo a todas las instituciones, asociaciones y departamentos de la administración previamente consultados, los cuales han dado lugar a los pertinentes informes sectoriales, incluyendo el del Consejo de Seguridad Nuclear, que tal y como se detalla en la DIA, estableció que "a efectos de la Declaración de Impacto Ambiental del mencionado proyecto, dicha información es suficiente y adecuada, tanto en lo que respecta al proyecto de explotación minera como al de la planta de concentrados prevista".

"Es por tanto falso afirmar, que la Junta de Castilla y León haya emitido la DIA sin contar con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)", ha añadido en la información facilitada a Europa Press.

CSN

Con respecto a las autorizaciones requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear, es necesario resaltar que son dos las autorizaciones que ha de otorgar este organismo. La primera de ellas es preceptiva para la aprobación de los permisos de explotación y ejecución de planes de restauración y fue emitida de forma favorable por el CSN el pasado 30 de Julio. Este informe favorable del CSN contiene el condicionado preceptivo en materia de protección radiológica, y "se ajusta prácticamente de forma literal a lo establecido en el RINR, con lo que Berkeley está plenamente de acuerdo".

La segunda autorización se refiere a la planta de tratamiento

como instalación radiactiva, la cual a su vez consta de tres etapas: la autorización previa, la de construcción y la de explotación, y está en estos momentos en el primer paso, ha apuntado la compañía.

En este sentido, el CSN ha resuelto que "aún no procede el informe relativo a esta autorización y ha solicitado la suspensión del mismo, aunque dicha suspensión en el caso de que el proyecto no sufra modificación sustancial, deberá ser hasta que se otorgue la concesión de explotación", una argumentación con la que Berkeley, tal y como ha remarcado, "también está totalmente de acuerdo", ha remarcado.

"El CSN ha anunciado que la empresa tendrá que proporcionar más información, cosa que es totalmente cierta y la empresa ya está trabajando en ello, aunque tal y como se estipula en el RINR, toda esta información deberá ser requerida en etapas posteriores del licenciamiento, es decir, en el momento en el que se soliciten las autorizaciones de Construcción y Explotación", ha continuado.