El Ayuntamiento de Santiago cree que el escrito del Ministerio Fiscal en el que se apunta a una "ilegalidad evidente" en la decisión de la Junta de Gobierno de pagar la defensa al edil Adrián Varela es una "interpretación" inadecuada del informe de la Asesoría Jurídica que, según contraponen desde el gobierno local, avalaba que la decisión era "ajustada a derecho".

El concejal Luis Bello, uno de los siete imputados por la jueza Ana López-Suevos por presunta prevaricación a raíz de la adopción de este acuerdo, se ha vuelto a remitir este miércoles al informe del asesor jurídico para señalar que la decisión adoptada fue "ajustada a derecho", en contra de lo determinado por la fiscal del caso.

En concreto, el Ministerio Fiscal recoge en su escrito de denuncia por prevaricación administrativa contra siete concejales de Santiago que la "ilegalidad" de este acuerdo es "evidente, patente, flagrante y clamorosa", al tiempo que sostiene que, según su punto de vista, el informe jurídico emitido no avalaba tal decisión.

Para la fiscal, la Junta de Gobierno acordó de forma "inexplicable" y "vulnerando de manera patente el ordenamiento jurídico vigente", asumir los gastos de defensa del edil Adrián Varela, imputado en la Operación Pokémon.

En contra de lo que han defendido los integrantes del consistorio, entre ellos el propio alcalde, el Ministerio Fiscal considera que esta decisión se tomó en contra del informe de la asesoría jurídica, dado que en sus conclusiones se condicionaba la legalidad del acuerdo a que se cumpliesen una serie de requisitos fijados en la sentencia del Tribunal Supremo de 2002 que, según considera, no se cumplían.

INFORMES

En el informe firmado por el director de la Asesoría Jurídica el 30 de mayo, y que tomaron en consideración los miembros de la Junta de Gobierno, se hace referencia a esta sentencia del Tribunal Supremo, así como a otros documentos jurídicos, para concluir que "sí que resulta conforme a derecho el acuerdo municipal" de asumir los gastos de representación legal de Adrián Varela, "siempre que se den los requisitos fijados" en esta sentencia.

En concreto, los requisitos pasan por que su imputación tenga origen o causa directa en el ejercicio de sus funciones; que la intervención no fuese llevada a cabo por abuso, exceso, desviación de poder o convergencia de intereses particulares; y que se declare finalmente la inexistencia de responsabilidad criminal.

Posteriormente y a raíz de las imputaciones, el 14 de octubre el director de la Asesoría Jurídica y el vicesecretario municipal emitieron un segundo informe en el que se "remiten íntegramente" a las conclusiones del primer informe.

Asimismo, añaden que, en el caso de que el concejal que recibe el pago de su defensa fuese finalmente condenado "el ayuntamiento debe repercutir contra él los gastos originados". En consecuencia, determinan, "la efectividad del acuerdo" de la Junta de Gobierno "estaría condicionada al resultado aprobatorio final del procedimiento".

En función del resultado judicial

Los ediles Luis Bello y Adrián Varela han defendido este miércoles la decisión de la Junta de Gobierno y han apuntado hacia el informe jurídico para avalarla. En particular, Bello ha explicado que la decisión de pagar la defensa se haría efectiva "en caso de resultar absuelto" de su imputación, ya que, de lo contrario, Varela debería "reintegrar" esta cantidad.

En esta línea, Bello ha explicado que en la propia Junta de Gobierno se preguntó al vicesecretario municipal, presente en la reunión, si el acuerdo era válido y "no puso ningún problema". En el informe emitido este lunes, el vicesecretario se adhiere al informe jurídico en los términos en los que está redactado.

Para el concejal Luis Bello, el escrito de la fiscal supone una "interpretación" del informe con la que el ayuntamiento no está de acuerdo y que "explicará" en sede judicial cuando los siete ediles acudan a declarar ante la jueza. Paralelamente, Bello ha considerado "desproporcionados" los calificativos de la fiscal hacia los hechos.