El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha solicitado a la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias una solución urgente al creciente número de personas que en los últimos meses han padecido el impago "repentino y sin ningún tipo de comunicación previa" de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), circunstancia que —añade— también están padeciendo muchas personas que piden esta prestación por primera vez y que no han recibido una respuesta por parte de la Administración dentro del plazo fijado por la Ley.

Saavedra aseguró en un comunicado que en los últimos meses varias decenas de ciudadanos se han dirigido a la institución que preside para plantear estas quejas que atañen a una prestación social en cuya tramitación y gestión sostiene que la Administración debería tener la "máxima sensibilidad y celo" al estar dirigida a personas que se encuentran en una situación extrema y, en muchos casos, sin las necesidades básicas cubiertas, en su mayoría familias sin ingresos y con niños.

Por esta razón, el Diputado del Común se ha dirigido a la consejera Inés Rojas para trasladarle su preocupación sobre el retraso que sufren estas ayudas. Saavedra expresó su comprensión por las dificultades que están atravesando las distintas administraciones para poder hacer frente a los servicios que prestan debido a los recortes presupuestarios; si bien consideró necesario "hacer un esfuerzo en fijar con responsabilidad las prioridades y dedicarle los escasos recursos disponibles".

Saavedra indicó que si la falta de respuesta a los usuarios de estas prestaciones tiene que ver con se hayan agotado los recursos, esta circunstancia se podría corregir, ya que una vez aprobado por el Parlamento de Canarias la ley reguladora del crédito extraordinario, los incrementos de los recursos consignados al denominado Plan contra la Pobreza se puedan tramitar con la "máxima urgencia" y permitan el pago de la PCI a esas personas "tan necesitadas de ayuda y solidaridad".

En cualquier caso, el Diputado del Común ha iniciado ya la tramitación de los expedientes de las quejas presentadas por los afectados, además de solicitar un informe a la Consejería responsable con el fin de determinar la causa que ha provocado que los ciudadanos que dependen de esta única ayuda para su subsistencia y alimentación se hayan visto gravemente perjudicados al privarles de su único ingreso.

Por otra parte, llamó la atención sobre el retraso que sufre la resolución de los expedientes de los nuevos peticionarios de la Prestación Canaria de Inserción, que también ha sido una queja creciente por potenciales beneficiarios de estas ayudas en esta institución.

Saavedra consideró necesario que se reduzca el plazo de resolución de los expedientes de la PCI de nueve a tres meses como máximo. "Lo que no puede seguir ocurriendo es que haya personas que iniciaron en diciembre del año pasado la solicitud y todavía no han tenido respuesta, como pone de manifiesto alguna de las quejas que hemos recibido", agregó.

De hecho, este comisionado parlamentario ya se había dirigido tanto a la Consejería, como a los grupos parlamentarios, con el fin de transmitirles la necesidad de esta modificación, acorde con la realidad socioeconómica actual, que hace necesario "reducir los plazos de resolución de estas prestaciones, tanto en la tramitación municipal como en la autonómica, para garantizar una respuesta eficaz a los ciudadanos que peor lo están pasando".