El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la pena de dos años y nueve meses de prisión impuesta a un hombre regentaba un club donde obligaba a ejercer la prostitución a nueve mujeres de nacionalidad nigeriana y ha confirmado, asimismo, la pena de tres años a la que fue condenada otra mujer por propinar una paliza a una de las víctimas, lo que derivo en el desmantelamiento de la red.

La sentencia del Alto Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por los dos acusados contra el fallo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería, que les absolvió de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros que se les imputaban y consideró, además, que no había pruebas suficientes para asegurar que la mujer realizase funciones de control o estuviese concertada con el proxeneta, por lo que no la condeno por un delito de prostitución.

La víctima cuya denuncia, tras ser golpeada por ambos acusados, dio lugar a la operación de la Guardia Civil que permitió en febrero de 2011 la liberación de sus ocho compañeras, llegó a España en patera con tan solo 19 años y se trasladó a una casa ubicada entre invernaderos, en el término municipal de Roquetas de Mar, donde fue obligada a que ejerciese la prostitución a favor del condenado P.O., a quien "entregaba el dinero de los clientes, bien directamente o bien a traves de la acusada J.A.".

El tribunal considera probado que, durante el tiempo en el que vivió en la casa, "no podía abandonarla ya que carecía de documentación y se encontraba en una zona aislada" y, además, fue objeto de "amenazas de que su familia de Nigeria sufriría algún mal si ella se iba".

En diciembre de 2010, se inició una víctima entre la J.A. y la víctima durante la cual sufrió lesiones en la cara. A continuación, intervino también P.O., quien la golpeó en el viente. Cabe recordar que la Guardia Civil remarcó que la pelea se produjo después de que ella se negase a volver al trabajo debido a que acababa de dar a luz.

Como consecuencia de la agresión, precisó ser trasladada hasta un hospital, donde se le prestó asistencia y se le dieron puntos de sutura en las heridas inciso-contusas que tenía en la cara. Tardó 15 días en curar y le quedaron de secuela "numerosas cicatrices" que, según resalta la sentencia, le causan "un perjuicio estético moderado en grado leve y una desfiguración a simple vista".

Tras la agresión, ambos la "echaron de casa y cerraron la puerta para que no pudiera entrar" hasta que un "chico que pasaba por la zona le prestó ayuda y la llevó hasta un centro de salud" tras lo que denunció los hechos ante la Guardia Civil.

El tribunal no consideró probado, sin embargo, que las víctimas ejercieran la prostitución para pagar una deuda de 30.000 euros contraída para poder entrar en España de manera irregular y, por tanto, que ambos acusados participasen en una red de tráfico de personas.

Operación policial

La operación 'Obo' se saldó con la detención de los cuatro responsables de la banda, tres hombres y una mujer, quienes, según la Guardia Civil, engañaban a las víctimas con falsas promesas de trabajo y, una vez en territorio nacional, les informaban de que debían prostituirse y las coaccionaban haciendo uso de la fuerza y amenazándoles con hacer daño a sus familiares.

En una segunda fase de la operación, tras la paliza propinada a la víctima por P.O. y J.A., la Guardia Civil activó un segundo dispositivo para localizar los lugares donde habían obligado y coaccionado a la joven para mantener relaciones sexuales y organizó discretas vigilancias en la zona mediante las que comprobaron que había otras víctimas en cortijadas entre invernaderos.

Los agentes procedieron entonces a la detención de dos hombres que presuntamente habían sustituido a los anteriores arrestados al frente de la red.