Un exinspector de la Agencia Tributaria ha declarado este miércoles que no se aportó "con carácter general" una explicación "razonable" de los "múltiples" ingresos en efectivo en las cuentas del expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente del PP provincial, Carlos Fabra, tras investigarse por la vía administrativa el ejercicio fiscal correspondiente a 1999, en el que se hallaron indicios de delito, por lo que, según ha dicho, en 2005 se decidió remitir las actuaciones al ministerio fiscal.

En la sexta sesión del juicio contra Carlos Fabra, el exinspector, testigo propuesto por su defensa, ha indicado que la Agencia Tributaria llevó a cabo inspecciones tanto a Fabra como a su exmujer Amparo Fernández de los ejercicios fiscales de 1999, 2000, 2001 y 2002 a raíz de remitirse en enero de 2004 desde la Inspección de la Agencia Tributaria de Tarragona información "relevante", en la que se ponía de manifiesto a este órgano en Valencia "hechos sobre una sociedad que se dedicaba a la fabricación de productos plaguicidas y que había adquirido fitosanitarios a Naranjax".

Según ha explicado, la operación "conllevaba emitir informes técnicos, emitidos por tres sociedades de la Comunitat, que habrían recibido 90 millones de pesetas". "Se decía que había falsedad en las operaciones, ya que las empresas eran carentes de actividad y no se dedicaban a esta asunto -comercio al por menor, albañilería y transporte terrestre-".

Así, ha destacado que debido a "posibles facturas falsas", desde la Agencia Tributaria de Valencia se inició una investigación interna en 2004 que dio lugar a un informe en el que se proponía inspeccionar a 20 sociedades y personas físicas.

Además, según ha señalado, en el resto de ejercicios fiscales sólo se incoaron actas y expedientes sancionadores. El testigo ha asegurado que la Agencia Tributaria no tuvo "nunca" conocimiento de que paralelamente se estuviera llevando a cabo una investigación penal por los mismos conceptos impositivos, "pues hubiéramos suspendido la actuación administrativa", ha dicho.

Sin colaboración

Asimismo, ha destacado que durante la inspección por vía administrativa hubo "muchas dificultades", pues no hubo colaboración por parte del interesado. También ha manifestado que hubo pruebas que no pudieron obtenerse y que había cuentas bancarias de cuyos movimientos no se puedo disponer, por lo que considera posible que por la vía penal pudiera llegarse a un resultado diferente.