El vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, ha reclamado este miércoles a "los órganos jurisdiccionales competentes" que "reaccionen" para evitar que se produzcan nuevas prescripciones de delitos relacionados con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de la Junta de Andalucía, que, en su opinión, generan "alarma" entre la sociedad.

"Ha llegado la hora de que, por quien corresponda, se tomen las medidas necesarias para evitar que pase lo que está pasando alrededor de la instrucción del caso", ha aseverado Jiménez en una rueda de prensa en Jaén en la que ha puntualizado que desconoce qué órganos judiciales serían los que deberían reaccionar al respecto.

El vicesecretario general de los socialistas andaluces ha justificado también esta petición por la "confrontación" que, a su juicio, se ha levantado entre la juez instructora, Mercedes Alaya, y la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, después de que ésta haya llamado la atención sobre las "expresiones gratuitas" contra el Ministerio Público vertidas por la citada magistrada en el auto por el que archiva la causa contra seis empresarios que pujaron por suelos de Mercasevilla, entre los que figuran dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Para Jiménez, "no es edificante que una causa de esa trascendencia genere un conflicto entre la jueza y la Fiscalía, con acusaciones mutuas", de modo que eso "debe producir inmediatamente una reacción de los órganos jurisdiccionales para evitar que esas circunstancias ocurran" y para impedir que "prescriban delitos que en el origen de las denuncias estaban claros desde el principio y afectan a familiares de miembros del Gobierno del PP".

Y es que, en su opinión, el hecho de que hayan prescrito presuntos delitos que "han podido ser cometidos por hermanos de una miembro del Gobierno de España" es otra "circunstancia" que aconseja la actuación de "los órganos jurisdiccionales correspondientes".

Según el representante del PSOE andaluz, "los ciudadanos se preguntan cómo es posible" que prescriban delitos "en una instrucción que lleva siete años en marcha" y que éstos afecten a "hermanos de una ministra del Gobierno", una circunstancia, que, según ha abundado, hay que añadir a "las casualidades entre pasos decisivos de la instrucción e hitos esenciales de la política andaluza o de la vida del PSOE-A", y al hecho de que haya "personas que llevan años imputadas sin declarar", y que se adopten "decisiones que plantean figuras procesales que no existen, como la del señalamiento, que ha producido un daño terrible sobre el honor y la imagen de personas honradas que se han visto citadas en un auto".

"Todo eso traslada la imagen de que algo no se está haciendo bien en este proceso", según ha aseverado Jiménez, que, no obstante, ha abogado por ser "muy respetuoso con las decisiones del ámbito jurisdiccional", aunque ha asegurado que le produce "preocupación e inquietud lo que ocurre alrededor de este caso".

En ese sentido, ha añadido que él mismo "viene advirtiendo desde hace mucho tiempo que el retardo a la hora de culminar la instrucción y de perseguir los delitos que desde el primer minuto fueron origen de la denuncia que hizo la Junta de Andalucía podrían terminar produciendo la prescripción de esos delitos, que algunos pudieran irse 'de rositas' y el dinero público supuestamente defraudado no se recuperara".

Aboga por la presunción de inocencia

Respecto a la decisión de la juez de declarar la responsabilidad civil subsidiaria de UGT y CCOO en el pago de las fianzas impuestas al secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y al que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A entre 1991 y 2009 Manuel Roberto Carmona Soto, Jiménez ha abogado por respetar la "presunción de inocencia".

En su opinión, las decisiones que se están tomando "no tienen por qué prejuzgar el resultado final de la instrucción" y "no debería realizarse un juicio categórico sobre esta fase de la instrucción".