La Comisión Europea (CE) anunció este miércoles la apertura de una investigación en profundidad para evaluar si los acuerdos entre las autoridades públicas y las aerolíneas que operan en los aeropuertos catalanes de Girona-Costa Brava y Reus, principalmente Ryanair, vulneran las normas comunitarias.

La situación fue denunciada ante Bruselas en mayo de 2012 por una compañía aérea que opera en Barcelona-El Prat y que consideraba que las condiciones obtenidas por Ryanair en los otros dos aeropuertos suponían una "ayuda estatal ilegal" para la empresa irlandesa, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

A raíz de esa denuncia, la CE investiga a todas las empresas que han firmado acuerdos similares con los poderes públicos en Girona y Reus y también a los propios aeropuertos, al considerar que se "podrían beneficiar indirectamente" de esos arreglos para reducir sus costes.

Los acuerdos, según la CE, "se refieren a la publicidad de las regiones afectadas y contienen diversas condiciones relativas a la presencia y escala de las operaciones de las líneas aéreas en los dos aeropuertos".

"Ateniéndose a la información de que dispone, la Comisión no puede descartar que los acuerdos de comercialización otorguen a las compañías aéreas o a los aeropuertos implicados una ventaja indebida respecto de sus competidores ni que, por lo tanto, sean incompatibles con el mercado interior", señaló en la nota.

La CE considera que los dos aeropuertos, gestionados al igual que el de Barcelona por Aena, podrían beneficiarse de los acuerdos con las autoridades públicas para "aliviar la carga" de "costes que de otro modo deberían soportar normalmente para el desarrollo de sus actividades".

La apertura del procedimiento ofrece a terceras partes la oportunidad de presentar observaciones sobre las medidas en cuestión, pero no presupone el resultado de la investigación, recordó la CE. El Ejecutivo europeo tiene abiertos varios expedientes sobre posibles ayudas públicas ilegales en aeropuertos de los Veintiocho.

Según recordó este miércoles, se considera que la intervención pública no es ilegal cuando se lleva a cabo en términos que podría asumir un inversor privado que operara en condiciones de mercado, pero sí vulnera las normas europeas cuando la ayuda confiere una ventaja económica al beneficiario frente a sus competidores.

En el sector de la aviación, Bruselas cuenta con unas directrices que establecen que el apoyo operativo de las autoridades puede distorsionar la competencia entre las compañías aéreas y los aeropuertos y, por tanto, en principio es incompatible con el mercado interior. Varias de las investigaciones abiertas en los últimos años por la CE corresponden a las posibles ayudas públicas a Ryanair en aeropuertos regionales de distintos países.