El magistrado inició el martes una extensa ronda de interrogatorios dirigidos a averiguar si el expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, y otros descatados miembros de la empresa falsearon sus cuentas y se beneficiaron económicamente de la venta de acciones del grupo alimentario haciendo uso de información privilegiada.

Fernández de Sousa reconoció durante una declaración de más de siete horas que puso en marcha una serie de prácticas poco ortodoxas dirigidas a "salvar la empresa". Agregó que contaba con la connivencia de la banca que accedió a la utilización de factoring irregulares y la formalización de "créditos documentarios" atraída por los "importantes beneficios" que obtenían las entidades prestamistas en aplicación de un alto interés.

El expresidente de la pesquera también sugirió que la auditora BDO podría haber tenido conocimiento de la situación real de la empresa, que entró en concurso de acreedores el pasado mes de abril.

En opinión de los accionistas, representados por el abogado Joaquín Yvancos, la responsabilidad de la quiebra no recae únicamente en Fernández de Sousa, y los otros nueve altos cargos —siete exconsejeros y tres directivos— imputados hasta el momento.

Tras escuchar la declaración efectuada a última hora de la tarde del martes por el hijo del expresidente, Pablo Javier Fernández Andrade, —que apuntó a que todos los consejeros aprobaron las cuentas anuales, teniendo derecho a información para conocer el estado contable de la compañía— consideran necesaria la ampliación de responsabilidades penales.

Los accionistas han adelantado que solicitarán el jueves al juez el ingreso en prisión eludible con el abono de una fianza millonaria para Fernández de Sousa, que acudirá de nuevo a declarar ante el juez en representación de una de sus empresas participadas.

El juez Ruz ha retomado este miércoles la toma de declaraciones e interroga a los exconsejeros delegados Alfonso Paz Andrade y José Antonio Pérez-NIevas a los que le imputa delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de información relevante.