Tras más de diez años de instrucción, el caso Cretu será juzgado a partir de este miércoles, a partir de las 10.00 horas, y llevará al banquillo al exalcalde de Sant Antoni de Portmany (Ibiza) Antoni Marí y al músico francés Michael Cretu, junto a otros tres acusados, como consecuencia de la construcción ilegal de la mansión del compositor -ya demolida- y dos piscinas en lo alto de una montaña a pesar de tratarse de terrenos altamente protegidos en atención a sus valores medioambientales y paisajísticos.

En concreto, la Fiscalía solicita para el exprimer edil así como para la exconcejal de Urbanismo Blanca Castiella siete años de inhabilitación y el pago de 33.600 euros de multa por un delito de prevaricación, mientras que para Cretu reclama ocho meses de prisión y una multa de 31.500 euros por un delito contra la ordenación del territorio. También pide ocho meses para el arquitecto José Torres, y la pena más alta, tres años de cárcel, para el aparejador municipal Miguel Ángel Martí por falsedad documental.

Se trata de unas obras que superaban en 1.864 metros cuadrados lo autorizado por el Ayuntamiento (un 68,3 por ciento más), todo ello a pesar de que en junio del año 2000 se emitió la certificación de final de obra en la que se indicaba que la edificación se ajustaba a las licencias concedidas.

Fue el 25 de abril de 1997, según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, cuando el exalcalde y la exconcejal, en la Comisión de Gobierno municipal, votaron a favor de la concesión de la licencia para la edificación de una vivienda de 864,3 metros cuadrados y dos piscinas de 267,8 metros, conscientes de que su ubicación se hallaba en un terreno catalogado como Área Natural de Especial Interés (ANEI), en la cúspide de una montaña y en el punto más alto de la finca en la que se iba a levantar.

Concedido el permiso, las obras se desarrollaron entre los años 1997 y 1999, mientras que en mayo del año 2000 el aparejador municipal emitió varios informes en los que hacía constar que los trabajos se habían realizado cumpliendo las condiciones exigidas en la licencia. Sin embargo, la Fiscalía asevera que la realidad no era tal, puesto que lo verdaderamente construido superaba con creces la edificación proyectada y se habían ejecutado otras modificaciones que no se ajustaban al proyecto permitido.

Por su parte, Baloo Music S.A., representada por Cretu, era la promotora encargada de la construcción de la mansión, mientras que el músico se ocupó personalmente de contratar al arquitecto José Torres para que dirigiera toda la proyección y dirección de las obras. Según la acusación pública, ambos decidieron sobrepasar los límites de la licencia, sabedores de la protección del territorio.

El escrito señala que posteriormente, debido al emplazamiento del inmueble, un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo declaró la nulidad de la licencia, condenando al Ayuntamiento a restaurar la legalidad urbanística y a demoler la edificación. La Fiscalía pide que tanto el exalcalde como la exconcejal indemnicen al Consistorio, cada uno, en la quinta parte de los costes generados con la concesión de la licencia.