La jueza Mercedes Alaya ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 251.041,37 euros al secretario general del sindicato UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros al que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A entre 1991 y 2009 Manuel Roberto Carmona Soto, todo ello en sendos autos en los que declara la responsabilidad civil subsidiaria de ambos sindicatos.

De esta manera, los sindicatos tendrán que abonar las fianzas en caso de que los detenidos se declaren insolventes.

En los dos autos notificados este martes a las partes personadas, la magistrada prohíbe salir de España a los dos sindicalistas, detenidos por la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la Operación Heracles, y "para reforzar y asegurar tal condición" les obliga a entregar "inmediatamente" el pasaporte y el DNI. Además, les impone la obligación de comparecer judicialmente dos veces al mes.

Por otro lado, Alaya ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 531.065,68 euros al empresario Angel Quesada del Valle, apoderado de Nexprom -propietaria del Hotel Don Pedro y Don Pablo en la provincia de Málaga-, también detenido en la Operación Heracles.

La jueza asevera que Nexprom realizó un pago en 2003 de 12.020 euros a Hermes Consulting, empresa en la que colaboraba el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, mientras que Nexprom "declaró haber realizado pagos" al 'testaferro' Juan Francisco Algarín Lamela por importe de 387.277,51 euros.

De este modo, Lanzas "habría cobrado esta cantidad de manera indirecta, a través de la cuenta bancaria, controlada por él, que Juan Francisco Algarín abrió siguiendo sus órdenes y en la que Nexprom realizó el abono por la participación de Juan Lanzas en la tramitación de las ayudas".

Por tanto, el imputado "indiciariamente habría participado activamente en la tramitación del expediente y de las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta, manteniendo contacto con Juan Lanzas" y, por ende, "con los asesores y profesionales necesarios y habituales de éste, como son Vitalia y Banco Vitalicio".

Asimismo, y en función de su cargo, "sería responsable directo de los pagos efectuados a Hermes Consulting y a Juan Francisco Algarín, ambos vinculados a Lanzas, verdadero receptor de esas cantidades, en concepto de comisiones por su participación en el expediente y mediación con la Junta a fin de conseguir los resultados obtenidos".

La juez imputó presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública al imputado, quien en su declaración ante Alaya reconoció que se reunió con Lanzas y que éste se presentó como "experto en ayudas ante la Junta, diciendo que ya había conseguido ayudas de dicha administración".

Lanzas "comenzó pidiendo mucho dinero, sobre 20.000 o 30.000 euros, por un estudio preliminar, que luego se quedó en la cantidad de 12.000 euros", según el imputado, que relató que "finalmente lo que les convenció fue que la prejubilación de los trabajadores iba a ser financiada parcialmente por la Junta".

A este respecto, según su declaración, tuvieron dos reuniones con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en las que éste "les dio un protocolo, prometiéndole las ayudas si cumplían los requisitos establecidos en el citado protocolo", aunque el empresario imputado aseguró no saber "nada" del segundo de los pagos referidos por la juez "ya que no estaba autorizado a abonar cantidades tan altas".

Mientras, continúa el calendario de delcaraciones por la trama de los ERE. Alaya ha citado este miércoles como imputadas a dos 'intrusas' en Hitemasa, en concreto María Nieves Ruiz y María José Martínez Elvira. Y el 23 de diciembre a dos exsecretarias del ex director general de Trabajo de la Junta y principal imputado en el caso Francisco Javier Guerrero.

El caso ERE acumula ya 133 personas imputadas, de las que 31 están citadas a comparecer ante la juez desde este miércoles y hasta el próximo mes de enero.