El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha propuesto este martes que el SALUD informe a los pacientes en lista de espera sobre el lugar que ocupan en esta y la fecha en la que podrán someterse a la intervención quirúrgica o las pruebas diagnósticas. Ha presentado en las Cortes un informe especial sobre transparencia y buen gobierno.

No saber cuándo se va a producir el acto médico "genera muchísima angustia", ha dicho el Justicia, quien ha animado a evaluar el grado de satisfacción del usuario de la sanidad pública e incrementar la información preventiva.

Ha seguido hablando sobre sanidad al solicitar que se saquen plazas a concurso, que se aplique la Ley de Incompatibilidades con rigor y que se estudien los contratos acumulativos de tareas.

Son algunas de las 170 medidas y sugerencias que el Justicia ha planteado a los cinco Grupos Parlamentarios de la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas en un informe especial sobre transparencia y buen gobierno de la Comunidad Autónoma, elaborado de oficio y que recoge propuestas para reducir la desafección ciudadana respecto de las instituciones en el actual contexto de crisis. Ha conseguido el apoyo de todos los Grupos.

Fernando García Vicente ha enmarcado sus propuestas en el derecho de todos los ciudadanos a acceder "de forma sencilla" a la información pública de relevancia y a la participación "en las cosas más próximas".

Función pública

En cuanto a la función pública, Fernando García Vicente ha pedido que se creen mecanismos que permitan la evaluación efectiva del desempeño del puesto de trabajo, aplicar los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública y seleccionar correctamente a los miembros de los tribunales de oposición.

Ha llamado la atención sobre el elevado número de empleados de la Administración autónoma que hace un año estaban en comisión de servicios o eran interinos.

Además ha hecho hincapié en la necesidad de que los procesos de selección de personal en las comarcas se lleve a cabo igual que en las restantes Administraciones y que aumente la publicidad efectiva para la contratación de personal en las sociedades públicas.

Es necesario "ser más rigurosos" al elegir el procedimiento negociado en la contratación pública y definir con precisión las condiciones técnicas de los contratos para después exigir que se cumpla fielmente. "No se pueden emitir facturas ni contratar si no hay dotación presupuestaria", ha agregado.

En Hacienda, García Vicente ha sugerido crear un portal de Internet que permita acceder a la información presupuestaria, que los ciudadanos conozcan las subvenciones que se conceden y que se haga público el coeficiente multiplicador de los valores catastrales, así como evitar atrasos en el pago de las facturas.

El Justicia ha abogado por dar publicidad a los anuncios de exposición e información pública y anunciar las obras, aportando datos sobre las mismas, en los lugares en los que se van a llevar a cabo, así como permitir el acceso a la información de los expedientes administrativos especialmente cuando se otorgan licencias o se imponen sanciones.

En el área de vivienda, el Justicia ha considerado necesario simplificar los procedimientos de acceso a la vivienda públicas, mejorar los sistemas de atención a los ciudadanos y optimizar la coordinación entre la Administración autónoma y ayuntamientos.

Dietas y sueldos

Respecto a los derechos civiles y políticos, las sugerencias han sido la publicación de los sueldos y dietas de los políticos por asistencia, transporte y manutención, siempre reconociendo "el valor de la política".

Tras afirmar que la sociedad se pregunta si es necesario que haya tantos políticos, ha comentado que una persona ha llegado a justificar 25 comidas y cenas todos los meses del año aunque estaba a tres kilómetros de su pueblo. Ha opinado que "el que tiene exclusiva en un puesto no puede cobrar por ir a los Consejos de Administración porque además va de mirón".

El titular del Justiciazgo ha planteado otras medidas, como difundir los acuerdos adoptados en las instituciones, favorecer la consulta de documentos y la obtención de copias, llevar a cabo consultas populares en las Administraciones locales, someter todos los proyectos a información pública, publicar las ordenanzas municipales y reglamentos en las webs y que los ciudadanos puedan participar en la elaboración de las normas fiscales municipales.

García Vicente ha pedido que se informe, en el campo de los servicios públicos, sobre la posibilidad de realizar reclamaciones patrimoniales y que se motiven las resoluciones.

También ha presentado medidas a tomar en el ámbito educativo, entre otras que los exámenes orales sean públicos y que pueda haber testigos o se puedan grabar, que las pruebas no sean tipo test, que se externalicen las pruebas de evaluación de los docentes, que se motiven las calificaciones y que se dé más información sobre el acceso a las plazas escolares. Otra propuesta es que se pregunte a los padres sobre los horarios de los centros.

Igualmente, ha expresado que es conveniente dar más publicidad a la actividad docente de los profesores universitarios, analizar todo lo relativo a la concesión de becas y ayudas y que se adelante la resolución de estas.

Ha apostado por facilitar el acceso ciudadano a los archivos históricos, que se dé la difusión "adecuada" a los días en los que se pueden visitar los Bienes de Interés Cultural (BIC) y que se amplíe la información sobre los planes de protección de bienes culturales. En cuanto al deporte, las propuestas son difundir en mayor medida los estatutos de las federaciones y dar cuenta de las atribuciones que el Gobierno autónomo tiene sobre ellas.

García Vicente ha recomendado que la vecindad civil aragonesa se pueda obtener en el Registro Civil mediante cita previa y, también en el ámbito de la Justicia, que los procedimientos sancionadores sean motivados de forma "clara y suficiente", notificándolo a los interesados.

El Justicia también ha formulado sugerencias sobre Bienestar Social, en concreto que la Administración autónoma deje claro qué documentación debe presentarse para solicitar el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), crear un registro de expedientes y que el Ingreso se conceda en los plazos previstos en la ley.

En el área de agricultura ha apostado por permitir que la impugnación de las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) se pueda realizar antes de las cosechas, que se aceleren los procesos de concentración parcelaria aportando información sobre la elección de representantes agrarios y la labor de campo para la delimitación de parcelas y que los vecinos de los municipios con bienes comunales sepan como aprovecharlos.

GRUPOS

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha dicho que una mayor transparencia puede ayudar a recuperar la "confianza" de los ciudadanos en las instituciones y ha hecho notar que todavía no se ha aprobado la Ley de Transparencia, mientras que José Luis Soro, de CHA, ha resaltado que el buen gobierno es un derecho fundamental y ha aprovechado para criticar el reparto del Fondo de Inversiones para Teruel de 2013.

La socialista María Victoria Broto ha destacado la "obligación" de cumplir los programas electorales y ha considerado necesario prestigiar a los funcionarios.

El diputado del PP, Ramón Celma, ha puesto de relieve que la "falta de confianza" de los ciudadanos en la política no solo se debe a la crisis económica, sino a las "otras crisis" y ha dicho que es "de sentido común" incrementar la transparencia.

El parlamentario del PAR, Manuel Lorenzo Blasco, ha apoyado el informe del Justicia y ha resaltado la importancia que tiene el empleo público en el mismo.