El Gobierno ha procedido al despido de 24 cargos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional del Sector Postal tras la puesta en marcha del nuevo 'superregulador', que unifica estos organismos, junto a otros como el Comité de Regulación Ferroviaria o la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria (CREA).

En concreto, el Ejecutivo ha despedido al presidente y la vicepresidenta de la CNC, Joaquín García Bernaldo de Quirós y Pilar Sánchez, respectivamente, así como a los consejeros Inmaculada Gutiérrez, María Jesús González, Julio Costas y Luis Diez, y a la directora de Investigación del organismo, Clara Guzmán.

Asimismo, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), se ha destituido al presidente de la CNE, Alberto Lafuente, y a los consejeros María Teresa Baquedano, Joan Batalla, Tomás Gómez y Marina Serrado.

El Gobierno ha destituido también al presidente de la CMT y a su vicepresidente, Bernardo Lorenzo Almendros y Marcel Coderch i Collell, así como a los consejeros José Pascual González, Ángel García, Inmaculada López y Xabier Ormaetxea.

Se despide también al vicepresidente de la Comisión Nacional del Sector Postal, Ángel Chamorro, y a sus consejeros Elena Etxegoyen, Enrique Martínez, Manuel Varela, María Ramos y Ramón Companys Sanfeliu.

Todos los despidos tienen efectos desde el pasado 7 de octubre y en cada uno de ellos el Gobierno agradece los servicios prestados durante su permanencia en el cargo.

El nuevo 'superregulador', que lleva por nombre Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), está presidido por José María Marín Quemada, anteriormente vocal del Banco de España.

Aunque la sede principal de la Comisión está en Madrid, se ha mantenido en Barcelona la Dirección Estratégica de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales (lo que antes era la CMT), y se ha dejado abierta la posibilidad de establecer más subsedes en otras ciudades. Según el Gobierno, con la puesta en marcha de este nuevo organismo se ahorrarán 30 millones de euros anuales.