El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha advertido este lunes de que sería "un escándalo y una barbaridad" que pudieran prescribir delitos en el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE).

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Maíllo se ha pronunciado así, a preguntas de los periodistas, después de que la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, haya pedido a la Fiscalía Anticorrupción que le informe sobre el periodo de prescripción que "maneja" a fin "de decidir si procede encomendar la investigación" a la Guardia Civil "de las ayudas sociolaborales más antiguas".

En un nuevo auto dictado el pasado 4 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya también solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, sin perjuicio de lo anterior, concluya "y en su caso inicie" el estudio de los expedientes relativos a las empresas que hubieren obtenido ayudas abonadas en 2003.

El líder de IULV-CA ha considerado que "la justicia es justicia cuando dirime rápido" y ha insistido en lo perjudicial que sería que pudieran prescribir delitos en un caso de tanta importancia como el de los ERE. "Se tiene que saber todo lo que ha ocurrido para que se puedan dirimir todas y cada una de las responsabilidades", ha añadido Maíllo.