Unos 2.000 alcaldes de todas las fuerzas políticas, salvo el PP, han denunciado la reforma local que prepara el Gobierno por considerar que "amputa" la autonomía local y dejará a los ciudadanos sin prestaciones básicas, sobre todo sociales, como la teleasistencia, la educación extraescolar o la ayuda a domicilio.

Son algunas de las críticas que se han escuchado este domingo en un acto organizado contra la reforma local, que el Ejecutivo quiere que entre en vigor el próximo 1 de enero, en el que alcaldes del PSOE, IU, PNV, CiU, Coalición Canaria, La Chunta Aragonesista e ICV han leído un manifiesto en el que piden al Gobierno que retire el proyecto si quiere evitar la intervención del Constitucional.

En esta línea, Gaspar Zarrías, responsable de Política Municipal del PSOE, ha advertido de que prácticamente el 95% de los municipios dejará de prestar servicios y competencias que afectan "al día a día a los ciudadanos", y en este contexto de crisis −ha subrayado− los ayuntamientos tienen que ser la "punta de lanza" en la atención y no simples "espantajos" sin capacidad para nada.

Lo que está en juego, según ha dicho, es la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan, pero la propuesta del Ejecutivo va por el camino de "hacer ciudadanos de primera y de segunda", en función del municipio en el que residan.