El Gobierno de Navarra, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) han firmado un convenio de colaboración para detectar y atender a aquellas personas desahuciadas de su vivienda habitual, sea por ejecución hipotecaria o por impago de la renta de alquiler, que presentan un riesgo de exclusión social.

Este acuerdo ha sido suscrito a primera hora de esta tarde en el Salón Verde del Palacio de Navarra por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno foral, Javier Morrás; el vocal del Consejo General del Poder Judicial Miguel Carmona, y el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Mariano Herrero.

El objetivo de esta iniciativa es que aquellas personas que van a ser desahuciadas de sus hogares y presentan una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social se encuentren con "una respuesta de las administraciones sensible y adecuada, en el marco de la normativa vigente", tal y como expresa el texto firmado.

Por ello es intención del Gobierno de Navarra, del CGPJ y de la FNMC abordar "conjunta y coordinadamente" medidas que palien esta situación tanto a través de los servicios sociales del Gobierno de Navarra y de las entidades locales que se adhieran, como por medio de los programas de realojo, asistencia o apoyo a los afectados por ejecuciones hipotecarias.

Según reconoce el texto del convenio firmado, la crisis económica de los últimos años "motiva que muchos ciudadanos se encuentren inmersos en procedimientos de ejecución que terminan en la subasta y pérdida de sus viviendas, con el consiguiente riesgo de exclusión social de miles de familias".

Asimismo las entidades firmantes coinciden en que las sucesivas medidas de política económica tomadas a este respecto "deben completarse con otras que permitan su extensión a los particulares con la finalidad de mitigar esta situación".

En casos de ejecución hipotecaria

En cuanto a los procedimientos de ejecución hipotecaria, los jueces se cerciorarán de que el deudor ha sido informado de manera clara y veraz del contenido y de las posibilidades previstas por la legislación en esta materia. Si comprueban que no ha sido así, le remitirán una explicación comprensible de estas alternativas con el fin de que pueda, en su caso, hacer las alegaciones que considere oportunas.

Además, si se detecta un riesgo de exclusión social del deudor, los jueces trasladarán el caso al Departamento de Políticas Sociales o a los servicios sociales de la entidad local correspondiente para que analicen la problemática y realicen las actuaciones correspondientes. En situaciones de especial vulnerabilidad, el juez podrá resolver si procede decretar una suspensión de la ejecución hipotecaria, durante un máximo de diez días, para facilitar la labor de los servicios sociales.

Una vez examinada la situación por los servicios sociales, ya sean del Gobierno de Navarra o locales, y corroborado el riesgo de exclusión social, el juez procurará adecuar la tramitación del procedimiento para garantizar la tutela y efectividad de los intereses legítimos de ambas partes.

En casos de impago de la renta de alquiler

Respecto a los desahucios por el impago de la renta de alquiler, el deudor recibirá junto con la citación judicial y la copia de la demanda un folleto informativo de los servicios y programas de asistencia social que tiene a su alcance, bien sean del Gobierno de Navarra o de su entidad local.

Del mismo modo, si se detecta un riesgo de exclusión social del deudor, los jueces trasladarán el caso al Departamento de Políticas Sociales o a los servicios sociales de la entidad local correspondiente para que analicen la problemática y realicen las actuaciones correspondientes.