La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha imputado tres presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias al exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Abogados personados en la causa han informado de que la comparecencia ha comenzado a las 12,10 horas, cuando la jueza Mercedes Alaya ha procedido a leerle los hechos que le imputa, tras lo que Díaz se ha acogido a su derecho a no declarar.

A continuación, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones han pedido prisión para el imputado; así, el Ministerio Público únicamente ha solicitado que se le imponga una fianza de responsabilidad civil de dos millones de euros.

Una vez terminada la comparecencia, el abogado de Díaz ha hecho entrega de un comunicado de prensa a los periodistas en el que defiende la "absoluta inocencia" de su cliente, de la cual "existen abundantes pruebas tanto testificales como documentales de su falta de participación en todos los hechos relacionados con el caso de los ERE".