El Consejo General de la Abogacía Española ha exigido este jueves al Gobierno que persiga a los extranjeros residentes en España que cometan delitos contra las mujeres fuera del territorio español para no dejar impunes estas acciones.

En un comunicado, la Abogacía reclama al Ejecutivo que retire la reserva al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer, conocido como Convenio de Estambul y firmado por 47 estados, de los cuales solo cuatro (Malta, Serbia, Polonia y España) han hecho algún tipo de reserva.

Este acuerdo regula, investiga y persigue delitos contra la mujer, tales como acoso sexual, mutilación genital o matrimonio forzoso y pretende proteger a las mujeres contra todo tipo de violencia, promoviendo para ello la cooperación internacional.

No obstante, la reserva presentada por España impide la persecución a los autores de estos delitos cuando sean cometidos en otro país por extranjeros que tengan la residencia habitual en España. De esta forma, si un extranjero residente en España acosa sexualmente a una mujer, o la obliga a abortar o la somete a una mutilación genital en otro país y vuelve a España, el delito aquí no sería perseguido, al contrario de lo que sucedería en los Estados europeos firmantes.

La Abogacía advierte de que la reserva del Ejecutivo "podría convertir a España en refugio de personas que buscan impunidad" y rechaza la excusa ofrecida del Gobierno que alega, para justificar su reserva, la dificultad práctica que supone la persecución de estos delitos.