Unos 200 trabajadores de la red de Consorcios Escuela de Formación Profesional para el Empleo, competencia de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, están llamados a concentrarse este jueves 10 de octubre ante el Parlamento andaluz, donde la sesión plenaria llevará incluidos puntos relacionados con la problemática de este colectivo.

La delegada de personal del Consorcio Escuela de Formación de Artesanos de Gelves (Sevilla), Carmen Rojas, ha indicado a Europa Press que, en este sentido, aunque la Consejería ha afirmado que las clases podrán empezar a finales del presente mes de octubre, "no podemos hacerlo sin dinero".

Y es que su Consorcio debe dinero a los proveedores, en la entidad se ha cortado el suministro telefónico por impago, los trabajadores llevan seis meses sin cobrar las nóminas y "no hay ni para hacer un seguro a los alumnos". "Todo ello, sin una explicación convincente", ha lamentado Rojas.

En similar situación se encuentra la totalidad de los centros, que "permanecen a día de hoy sin alumnado por la falta de financiación que desde hace meses no se tramita desde la Junta".

Concretamente, en la fecha actual los Consorcios Escuela aún no han recibido el 25 por ciento de la financiación del curso 2011-12 ni la totalidad de las subvenciones del curso 2012-13, lo que ha ocasionado la situación que están padeciendo.

Para aclarar todas estas circunstancias e intentar solventar la "pésima" situación que padecen los Consorcios Escuela, los delegados de personal de dichos centros solicitaron una reunión con el consejero, Luciano Alonso, apoyados por 174 firmas de trabajadores afectados, "que no ha sido atendida".

La versión de la junta

De su lado, y tras una reciente reunión, Alonso, respecto a la oferta formativa, anunció que saldría publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), dos meses antes que el pasado año, lo cual permitirá que los centros comiencen el curso y se les dé respuesta a las demandas del alumnado.

Asimismo, permitirá resolver la situación de los pagos pendientes, siempre que los consorcios completen la documentación requerida. En ese momento se procederá al abono inmediato del 75 por ciento de las subvenciones y se establecerá un plazo de tres meses como fecha límite para que los centros justifiquen sus cuentas. Durante la reunión, también se ha abordado el modelo futuro de los consorcios, que pretenden ser más cercano a la normativa europea, en el marco de la estrategia 2020.

Finalmente, Alonso ha trasladado la necesidad de llevar a cabo el "cumplimiento estricto" de la legislación vigente en materia de subvenciones y demás normativas de aplicación, así como las recomendaciones de la Intervención General, la Cámara de Cuentas de Andalucía y de la Comisión Europea en materia de FP. Esto significa, según ha explicado el consejero, "una normativa pública a la altura de la futura Ley de transparencia de Andalucía".