Un total de 32 municipios de la provincia de Córdoba conforman el bloque institucional que lucha contra los desahucios gracias a su adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda impulsado por la Consejería de Fomento y Vivienda y que ha supuesto la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir esta lacra social en Andalucía. En el conjunto de Andalucía, los ayuntamientos suman un total de 227, además de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Diputación de Huelva y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.

La consejera Elena Cortés ha firmado este martes con el alcalde de Pozoblanco, Pablo Carrillo, el convenio de adhesión a esta herramienta, que "está demostrando que cada vez más alcaldes quieren estar al lado de las víctimas de la crisis frente a las entidades financieras", según ha destacado, al tiempo que ha añadido que "este creciente bloque institucional andaluz pone de manifiesto que en Andalucía existe un convencimiento político de actuar de otra manera, evitando la resignación institucional y poniéndose de parte de los que peor lo están pasando con la crisis".

Cortés ha subrayado que el Programa "ha demostrado su eficacia, evitando miles de desahucios en toda Andalucía". A su juicio, dicha herramienta tiene un carácter paliativo, con un objetivo claramente orientado a que las personas que acudan a las oficinas no pierdan su vivienda". La de la Función Social de la Vivienda, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), "sí tiene esa capacidad transformadora y de cambio", ha asegurado para añadir que "la nueva norma se aplicará a partir del instante mismo de su entrada en vigor, el 9 de octubre, continuando con las expropiaciones temporales de inmuebles, la inspección del parque residencial existente para detectar inmuebles vacíos y fomentar su afloramiento en el mercado del alquiler".

Detalles del convenio firmado con municipios

El acuerdo firmado por la Consejería y los ayuntamientos garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.

También se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.

El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.

Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.