Una compañía de Bilbao deberá pagar al Ayuntamiento un total de 16.935,6 euros derivados de las sanciones de tráfico, OTA principalmente, que originó el comercial delegado con un coche de la empresa.
En una sentencia, el juez desestima la reclamación de la empresa al trabajador, ya que la compañía, argumenta el fallo, debería haber identificado al conductor responsable cuando recibió las notificaciones de sanción.
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