El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, y los concejales Alberto Moriña y Adela Castaño se han reunido con la plataforma de asociaciones del Distrito Macarena que están en contra de la implantación de la zona azul en el conjunto de calles que aparecen recogidas en el pliego para la adjudicación que el gobierno de Juan Ignacio Zoido mantiene en marcha.

En este marco, Espadas ha reclamado a Zoido "que asuma en primera persona la interlocución con los vecinos y con las cerca de 30 asociaciones afectadas, en vista de que ni la delegada del distrito, Evelia Rincón, ni el delegado de Movilidad, Juan Bueno, dan la cara para confirmarles por escrito que anularán del pliego de adjudicación las calles con las que no están de acuerdo".

"Hemos comprobado que nadie les ha explicado a estos vecinos, ni los de Moreno Galván en Nervión, ni a los trabajadores de la zona de Bami, ni a los estudiantes de Viapol o Pirotecnia cuál es el beneficio que tendrá para ellos la zona azul, por lo que lo único que queda claro es el afán recaudatorio de Zoido, es decir, la decisión de cobrar a los ciudadanos por lo que antes era gratis", explica el socialista.

Además, Espadas ha denunciado que Zoido haya "eliminado" de las ordenanzas fiscales para 2014 el listado de calles que se verán afectadas por la zona azul, "dejando la decisión en manos de una resolución del delegado de Movilidad de común acuerdo con la empresa que resulte adjudicataria". Recuerda que hasta ahora la zona azul ha sido definida en el marco de las ordenanzas fiscales en las que se recoge "no sólo las calles sino también el precio y la catalogación que tendrá cada una en función de si son consideradas de muy alta rotación, alta rotación, media o baja".

El socialista señala que esta tramitación conlleva una serie de "garantías de participación y exposición pública, de posibilidades de alegación, de análisis por parte del Consejo Económico y Social (CESS), de debate en el pleno y de publicaciones en el BOP, que Zoido ha eliminado para sustituirlo por un decreto del que sólo se dará cuenta cuando sea irremediable", explica. Así las cosas, asegura que "no sólo es que sobre el listado de calles recogidas en el pliego de adjudicación quepa el diez por ciento de margen que el gobierno asegura, sino que todo queda supeditado al criterio que decida en cada momento el delegado de Movilidad".

De hecho, matiza que al cambiar el sistema y "eliminar la transparencia" del proceso, también quedará "en manos de una resolución" el posible cambio de clasificación de calles, de manera que, en función de la negociación que se tenga con la empresa que gestione la zona azul, "se pueda decretar de un día a otro el cambio del coste por aparcar", según Espadas.