IU insiste en pedir la dimisión de Rafael Gómez y UCOR apoya a su líder

El PP enmarca la sentencia fuera de lo político y el PSOE lo deja en la conciencia del edil condenado
Rafael Gómez en el Ayuntamiento
Rafael Gómez en el Ayuntamiento
EUROPA PRESS
Rafael Gómez en el Ayuntamiento

Los cuatro grupos municipales del Ayuntamiento de Córdoba —PP, UCOR, IU y PSOE— se han pronunciado este martes de nuevo sobre la condena de seis meses de prisión en el caso Malaya para el empresario, concejal, diputado provincial y líder del partido político Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, para el que IU insiste en pedir la dimisión, PP y PSOE eluden solicitarla y UCOR apoya a su líder.

En concreto, el portavoz municipal de IU, Francisco Tejada, ha reiterado que su grupo "entiende que una persona condenada no puede formar parte del pleno municipal, debe dimitir", y en este caso, agrega, "en el pleno del Ayuntamiento hay un condenado por delito de cohecho y no debe de estar en el pleno ni tener la condición de concejal".

Para Tejada, es "distinto que la norma lo permita", pero, a su juicio, "no parece que la mejor carta de presentación de la ciudad de Córdoba sea la de tener a una persona condenada por delito de cohecho en el pleno del Ayuntamiento", y por eso IU ha planteado que Rafael Gómez "debe dimitir".

Entretanto, comenta que "hay una cosa muy curiosa en esto, que si en vez de estar hablando de un concejal de UCOR estuviésemos hablando de un edil de IU, PSOE y PP no habría ningún problema seguro en pedir la dimisión", de ahí que considere que "llama mucho la atención que el PP y el PSOE no pidan la dimisión de una persona que está condenada, tendrán que explicar por qué lo hacen", preguntándose en este caso por el hecho de que "no tengan el mismo planteamiento cuando en otros supuestos sí que lo hacen alto y claro, con voces incluso".

Por su parte, el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, ha indicado que "el ámbito de la actuación que ha sido reprendida penalmente corresponde a un ámbito determinado y la actuación de ahora corresponde al ámbito político", de modo que dice que está "de acuerdo" con las declaraciones del alcalde, José Antonio Nieto, que tras conocerse la condena el viernes recordó que ha sido condenado, "no por algo que hizo como concejal, sino como empresario".

Asimismo, ha argumentado que cuando hay responsables del PSOE relacionados con casos judiciales "normalmente están casi siempre imputados o condenados por acciones que han realizado en el ejercicio de sus cargos públicos", de modo que "cuando eso se produce", el PP "actúa en consecuencia", ha defendido.

Mientras, el portavoz municipal del PSOE, Juan Pablo Durán, ha expresado que "todos los militantes del PSOE saben lo que significa cuando uno de ellos es condenado y ostenta un cargo público lo que dice el código ético y los estatutos, que es que esa persona deje inmediatamente el lugar que ocupa tras la condena, eso es lo que hacemos los socialistas".

En este caso, dice que la elección de seguir o no en el cargo la deja "a la conciencia" de Gómez, "que es el que ha sido condenado", a lo que añade que "desgraciadamente igual que ha ocurrido con otros imputados en el caso Malaya, no han sido condenados e inhabilitados, como ha ocurrido con otros que tampoco son cargos públicos y están inhabilitados".

Además, apunta que "sería deseable por todos" que tanto la Ley de Transparencia en la que trabaja el Gobierno central como el regional "incluya una serie de criterios para que sean respetados y convertirse en una forma de hacer de la política y los políticos ante los casos judiciales, no solamente ante las condenas, sino ante las imputaciones, para no correr el riesgo de hacer permanentemente juicios paralelos".

Al respecto, asegura que le ha parecido "realmente pobre una decisión después de siete años de lo que se había descubierto en la trama judicial", a lo que agrega que "desde el máximo respeto a la decisión", a su juicio, "la insatisfacción que ha generado la sentencia es popular".

De este modo, considera que los cambios deben trascender a la Ley Electoral, que "no es suficiente", sino que "deben incluirse en la Ley de Transparencia global, para que las conductas no solo de las condenas, sino las imputaciones, establezcan unos criterios que sean aplicables para todo el mundo de forma objetiva y poder ayudar y colaborar en la regeneración de la imagen de la política ante los ciudadanos".

Y en cuanto a la opinión del partido del condenado, el portavoz municipal de UCOR, Juan Miguel Alburquerque, ha declarado a Europa Press que "apoyan" a Rafael Gómez, porque, "está dentro del equipo, no tenemos otro pensamiento", al tiempo que subraya que "sigue siendo legítimo del equipo", y cree que están "en una fase en la que no se pueden tomar muchas determinaciones" en cuanto a hacer pronósticos para las próximas elecciones municipales del año 2015.

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