La exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez ha comenzado a las 10,40 horas de este martes su comparecencia en calidad de imputada ante la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, causa que acumula ya 116 imputados.

Magdalena Álvarez ha llegado a los juzgados del Prado de San Sebastián de la capital hispalense sobre las 8,50 horas —pese a que su declaración no estaba fijada hasta las 10,00 horas—, aunque no ha entrado por la puerta principal y ello ha impedido que los numerosos medios de comunicación y cámaras de televisión que la esperaban hayan podido grabar su entrada.

La declaración de la exconsejera, que está asistida por el abogado Horacio Oliva, ha levantado una gran expectación mediática y también entre los abogados personados en la causa. De hecho, asisten a la comparecencia una treintena de letrados, lo que la convierte en una de las declaraciones judiciales vinculadas con los ERE con mayor presencia de abogados.

Una vez la juez Mercedes Alaya le comunique los hechos que le imputa, la consejera tiene previsto declarar, y una vez concluya la comparecencia atenderá a los medios de comunicación.

La instructora entiende que la exconsejera "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias".

La juez recuerda que, conforme a la Ley, "corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia", motivos por los que imputó tanto a Álvarez como a su entonces viceconsejero, José Salgueiro, que se acogió el pasado jueves a su derecho constitucional a no declarar.

La declaración de Magdalena Álvarez ha coincidido en el tiempo con la segunda fase de la operación 'Heracles', en el marco de la Guardia Civil ha realizado distintos registros domiciliarios y ha detenido a varias personas, entre ellas al exgerente del IFA en Sevilla Enrique Rodríguez.