El juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Castellón contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por tráfico de influencias, cohecho y delitos contra la Hacienda Pública se reanuda este martes con las declaraciones en calidad de testigos del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y los exministros Jesús Posada y Celia Villalobos.

Después de la sesión inaugural el 2 de octubre, en la que se mantuvo a la UCE como acusación particular, y de que cinco imputados declararan un día después, la tercera sesión, comienza este martes con la lectura, por parte del secretario judicial, de las declaraciones por escrito de Arias Cañete, Posada y Villalobos.

Además, en la sesión de matinal declararán también diez testigos, entre los que se encuentra el diputado del Partido Popular en Les Corts Valencianes Ricardo Costa.

La declaración como testigo del diputado nacional del PP por Valencia Rubén Moreno, prevista para este martes, se pospone para hacerla por videoconferencia desde el Congreso el 16 de octubre, día que está previsto que declare, también como testigo y por videoconferencia, el diputado del PP por Valencia Esteban González Pons.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón juzga a Carlos Fabra, a su exesposa, Amparo Fernández, al empresario Vicente Vilar, a su exmujer Montserrat Vives, y al exparlamentario del PP Miguel Prim.

El expresidente de la Diputación está acusado de cobrar del empresario a cambio de influir en los Ministerios de Sanidad y Agricultura para agilizar la tramitación de permisos para los productos fitosanitarios que comercializaba Vicente Vilar.

En la sesión del juicio del pasado jueves, Carlos Fabra negó haber mediado para agilizar las licencias y haber recibido dinero por ello. Por su parte, el empresario negó los pagos y los favores, contradiciendo su denuncia inicial.

El caso empezó hace casi diez años por una denuncia contra Fabra de Vicente Vilar, en la que le acusaba de tráfico de influencias y cohecho, pero el jueves el empresario dijo que lo que motivó aquella querella fue la falta de apoyo de Fabra cuando su exmujer le denunció por violación.

La Fiscalía Anticorrupción pide para Carlos Fabra 13 años de cárcel por un delito de tráfico de influencias, otro de cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

Su exesposa se enfrenta a seis años de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública, el empresario Vilar y su exmujer, a 4 años de cárcel por un delito continuado de cohecho, y el exparlamentario del PP Miguel Prim, a un año de cárcel por un delito continuado de tráfico de influencias.