Denuncian trabas en algunas provincias a la consulta ciudadana por la educación

  • Guadalajara exige una fianza de 500 euros para autorizar los emplazamientos.
  • En Collado Villalba (Madrid) el sábado se impidió la colocación de una urna.
  • UGT dice que algunas entidades locales entorpecen la buena marcha de la consulta.
Una de las mesas para la Consulta ciudadana por la Educación en Collado Villalba (Madrid).
Una de las mesas para la Consulta ciudadana por la Educación en Collado Villalba (Madrid).
Una de las mesas para la Consulta ciudadana por la Educación en Collado Villalba (Madrid).

Fianzas de 500 euros, prohibición de albergar mesas de consulta en los colegios o impedimentos para recoger sufragios. Los organizadores de la 'consulta ciudadana por la educación', impulsada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, denuncian que algunas provincias y entidades locales están poniendo trabas a la realización de la consulta, que sin embargo, amplía su plazo de celebración hasta el próximo 27 de octubre.

Esta consulta llama a los alumnos a partir de 14 años, padres, docentes y a toda la sociedad, en general, a votar en las mesas de consulta colocadas a la entrada de la mayoría los centros educativos y universitarios. El objetivo es recoger la opinión sobre los recortes contestando a las siguientes preguntas: "¿Rechaza los recortes en educación?", sí o no, y "¿Rechaza las políticas educativas del gobierno central?".

El sindicato UGT, miembro de la plataforma estatal por la escuela pública, reconoce que donde más se intenta "boicotear" la celebración de la consulta es en Aragón y en Castilla-La Mancha.

En la provincia de Guadalajara, el PSOE ha denunciado la circular que la coordinadora provincial de Educación, Violeta Miguel, ha mandado a todos los centros públicos educativos para prohibir la celebración de dicha consulta "dentro del recinto escolar". Según la oposición,  dicha prohibición demuestra "el autoritarismo y el desprecio a la democracia y a las leyes por parte del Gobierno de Cospedal". El PSOE ha pedido la retirada de esa circular porque considera que "vulnera varias leyes y derechos democráticos y coarta el derecho de los alumnos, padres de alumnos, docentes y toda la comunidad educativa a expresarse libremente".

En la ciudad de Guadalajara, el sindicato STE ha denunciado que la autorización de la consulta en las calles de la ciudad se realiza previo pago de una fianza de 500 euros. La dirección provincial de educación de Segovia también ha prohibido que se realice la consulta en el interior de los colegios públicos.

En Madrid, los impulsores de la consulta en Collado Villalba han denunciado que el sábado un portavoz del Ayuntamiento les obligó a retirar la urna de un puesto del mercadillo municipal. "Teníamos una urna itinerante de recogida de firmas y la colocamos en el puesto del mercadillo de una asociación de padres. Nos hizo quitarla. No quiso atender a razones ni al argumento de que no estábamos ocupando la vía pública", ha explicado a 20minutos.es Luis Miguel Escolar, uno de los impulsores de la consulta.

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública recuerda que no existe ningún motivo que justifique una negativa municipal a la instalación de una mesa de consulta, salvo que se ocupe la vía pública impidiendo el paso de transeúntes o vehículos.

Ampliado el plazo de la consulta

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, promotora de la Consulta Ciudadana por la Educación, ha decidido comunicar una ampliación de dos semanas al calendario inicialmente previsto para la realización de la consulta "por la excepcional respuesta de los ciudadanos", por lo que se llevará a cabo hasta el próximo 27 de octubre.   En un comunicado, la Plataforma explica que "se están desbordando las mesas que se instalan en todos los territorios" y, por lo tanto, "han llevado a que muchos responsables de las mesas hayan solicitado una ampliación del calendario inicialmente acordado".

"Tampoco debe olvidarse que las actuaciones de responsables municipales y autonómicos para intentar boicotear la consulta, aunque no están teniendo éxito y la consulta sigue su curso y se extiende a todos los territorios, han ralentizado la puesta en marcha de algunas mesas", según ha denunciado la Plataforma.

En este sentido, explica que "un plazo más amplio permitirá la instalación de mesas por aquellos colectivos que han tenido problemas iniciales" y ha recomendado "que se denuncien estas prácticas ilegales, poniendo en conocimiento de las organizaciones que componen las diferentes plataformas todos los datos de las incidencias que se produzcan".

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