La Comisión Europea (CE) verificó que el almacén subterráneo de gas natural Castor de Vinaròs (Castellón) cumplió con los procedimientos medioambientales que exige la legislación comunitaria, informó un portavoz. "En ese momento, la Comisión verificó que los procedimientos adecuados se habían seguido dentro de la principal legislación europea que es aplicable", entre ellos la evaluación de impacto ambiental, indicó el portavoz de Medio Ambiente, Joseph Hennon.

Preguntado por si el Ejecutivo europeo podría intervenir para exigir el paro definitivo del proyecto, cuya actividad se ha suspendido temporalmente para estudiar su posible relación con los seísmos registrados en la zona, Hennon descartó una medida de este tipo. "Al comprobar que los procedimientos correctos se habían seguido, la Comisión no ha tenido motivos para intervenir", afirmó.

Fuentes comunitarias informaron de que este tipo de proyectos gasísticos "están sujetos a las autorizaciones ambientales en las que se deben llevar a cabo evaluaciones de impacto, antes de que se puedan conceder los permisos de construcción". "Corresponde a las autoridades españolas dar la autorización, siempre que se cumplan todos los requisitos de acuerdo con la legislación vigente, incluida la relativa al medio ambiente", añadieron.

El proyecto Castor cumplió con los procedimientos exigidos por la directiva comunitaria de Evaluación de Impacto Ambiental, durante la que se deben determinar los efectos directos e indirectos de un proyecto en los siguientes elementos a nivel medioambiental, pero también respecto a los ciudadanos y el patrimonio.

El proyecto de Vinaròs también cumplió los requisitos exigidos por la directiva sobre hábitats, que protege a la fauna y flora de un territorio afectado, y la directiva sobre prevención y control integrados de la contaminación, según la CE. Ésta última fija las obligaciones que deben cumplir las actividades industriales con un elevado potencial de contaminación, de manera que establece un procedimiento de autorización para esas actividades y determina los requisitos mínimos que deben incluirse en todo permiso, en particular respecto a los vertidos de sustancias contaminantes.