El ministro del Interior, Jorge Fernández, considera que, "visto lo sucedido" se puede pensar que se debió haber incluido un informe sobre riesgos sísmicos en el proyecto del almacén subterráneo de gas de Castori, frente a las costas de Castellón, aunque ha añadido que el proceso está reglado en todas sus etapas y el proyecto se ha autorizado conforme a la Ley.

Así, en declaraciones en la cadena Antena 3 recogidas por Europa Press, ha defendido la actuación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que ha suspendido la inyección de gas "hasta que no se aclare todo" y que este lunes reunirá a alcaldes y responsables autonómicos de Cataluña y de la Comunitat Valenciana.

En todo caso, ha reiterado que tal y como ha dicho su colega de Industria, José Manuel Soria, mientras los técnicos no garanticen que no hay ningún riesgo no se volverá a inyectar gas.

Respecto a la inversión y quién asumirá el coste en caso de que no se reanude el proyecto, el ministro ha valorado que es precipitado hablar de cuánta ha sido la inversión, cuál sería el lucro cesante y quién sería el responsable.

"Cuando hablamos del Estado estamos hablando de todos, el Estado somos todos y es prematuro decir que el Estado es responsable. Es más que prematuro. Cuando se autorizó hace pocas fechas que se inyectase gas es porque todas las etapas previas del procedimiento se habían cumplido", ha comentado.

En todo caso, ha recordado que el pasado mes de julio se encargó una auditoría externa para cuantificar cuánto es lucro cesante y cual es el coste exacto de la instalación. El ministro ha explicado que se están barajando muchas cifras, "sin prejuicio para nada de que eventualmente fuera responsable el Estado".

"Quién paga lo deberían decir los tribunales pero de momento no podemos acreditar nada. Supongo que habrá litigiosidad y decidirían los tribunales", ha concluido.