El considerado "cerebro" de la trama de corrupción del caso Malaya y exasesor urbanístico del consistorio marbellí, Juan Antonio Roca, ha sido condenado a 11 años de prisión y al pago de una multa de 240 millones de euros por esta causa, que permitió desarticular la mayor trama de corrupción descubierta hasta la fecha en un ayuntamiento español (en este caso el de Marbella) y que ha contado con 95 procesados.

El tribunal considera probado que Roca, para el que se habían solicitado 30 años de cárcel, ha cometido los delitos de blanqueo continuado de capitales como jefe de una organización, con la atenuante de confesión; prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo para acto injusto.

En la sentencia se señala que se ha llegado a la "firme convicción" de la realidad del "sistema de corrupción generalizada" que se había instaurado en Marbella "bajo el poder de hecho ejercido por el señor Roca" y detalla que las licencias urbanísticas se decidían en reuniones el exasesor y los "cabezas" del Gobierno municipal tripartito presidido por Marisol Yagüe, "a los que entregaba los sobres con dinero a repartir entre los restantes concejales".

De esas reuniones "salía el famoso cuadernillo con la F de favorable o la D de desfavorable que en la siguiente sesión de Gobierno se concedían o denegaban" y prueba de ellos es que, como admitió el exconcejal y exfutbolista Tomás Reñones, "en las sesiones de Gobierno ellos ni leían, ni entendían, ni atendían", como "si el acto no fuera con ellos".

Para el tribunal, los concejales, "haciendo verdadera dejación de funciones, toleraron el urbanismo a la carta que propició" Roca, lo que supuso una "alteración total de la realidad urbanística" de Marbella, puesto que las autoridades municipales autorizaban las construcciones y edificaciones "sin otra base legal que su acomodación a proyectos normativos" como el documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o el nuevo plan de 1988, los cuales "nunca alcanzaron eficacia jurídica" porque no fueron aprobados por la autoridad competente.

También define a Roca como "el ideólogo que aglutina las voluntades" de todos y que se encargaba de percibir las millonarias dádivas y de dosificarlas entre los funcionarios públicos. Así, ideó un sistema de "caja única" en el que contabilizaba las entregas dinerarias que recibía, que no entregaba directamente a los funcionarios, sino a través de los cabezas de partido del tripartito.

Por otra parte, Antonio Jimeno Jiménez, cuñado de Roca, es el único familiar del exasesor urbanístico del Ayuntamiento marbellí condenado en la causa, ya que su mujer (María Rosa Jimeno) y su hija (María Roca Jimeno) han sido absueltas. Jimeno ha sido condenado a tres años, tres meses y un día de prisión por blanqueo de capitales y tendrá que abonar una multa de 1,2 millones de euros.

Además, condena al exprimer edil marbellí Julián Muñoz a dos años de prisión y 16 de inhabilitación por los delitos de fraude y prevaricación. Muñoz, que se encuentra encarcelado ya por otra causa relacionada con el blanqueo de capitales, se enfrentaba a una petición inicial de 10 años de prisión.

Javier Saavedra, abogado defensor de Muñoz, ha explicado que su cliente "no ha cogido dinero" y que la sentencia "lo ha dejado demostrado", así como que el exalcalde está satisfecho con la pena impuesta. Así, ha añadido que "con la pena que le han impuesto hoy entraría en prisión".

A la exalcaldesa Marisol Yagüe la condena a seis años de prisión, más de cinco de inhabilitación para cargo, y a abonar una multa que supera los dos millones de euros por cohecho continuado, malversación, alteración de precio de subasta y fraude; y a la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, a cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación y al pago de 700.000 euros por cohecho continuado y alteración de precio de subasta y concurso.

La sentencia se ha dado a conocer este viernes en lectura pública (durante más de una hora), tres años después del comienzo del macrojuicio y casi ocho desde el inicio de la investigación. La resolución judicial supera los 5.000 folios, pues el juicio, que quedó visto para sentencia en julio de 2012, necesitó de 199 sesiones en las que declararon unos 400 testigos y peritos.

Los principales empresarios procesados en el caso han sido condenados a penas que suponen importantes rebajas respecto a la petición fiscal y, en algunos casos, han sido absueltos de los delitos que se les imputaban.

Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que se enfrentaban a 22 años de cárcel cada uno y a multas de 23 millones de euros, han sido finalmente condenados a seis años, tres meses y un día de prisión y a multas de 4,7 millones de euros cada uno.

Al promotor granadino José Ávila Rojas, ya en prisión por otra causa, se le ha impuesto tres años y ocho meses de prisión, más una multa de 11,5 millones de euros, frente a los diez años de cárcel y 55 millones de euros que pedía la Fiscalía en sus conclusiones definitivas.

El constructor y actual concejal del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez Sánchez, más conocido como Sandokán, ha sido condenado a seis meses de cárcel, eludibles con el pago de una multa de 3.600 euros, más a abonar otra multa de 150.000 euros. Gómez ha asegurado que está satisfecho con la pena, pero que la recurrirá porque "es lo que se hace en estos casos".

También ha apuntado que "sabíamos que íbamos a estar manchados; sabíamos perfectamente que iba a ocurrir algo porque realmente a Rafael había que ponerle lo sea".

UPyD ha considerado "inadmisible" que el empresario y edil de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento cordobés "pueda seguir representando a los ciudadanos después de ser condenado", por lo que ha pedido al Consistorio que "tome las medidas oportunas para expulsarlo, si se niega a abandonar su Concejalía".

Mientras, los empresarios Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya, han quedado absueltos de todos los delitos que se les imputaban. Además, la sentencia también ha supuesto una sustancial rebaja para los directivos de la promotora Aifos Jesús Ruiz Casado, Genaro Briales y Francisco García Lebrón, que afrontaban peticiones fiscales de siete años de prisión y multas de ocho millones de euros y que han sido condenados a tres años de cárcel y a una multa de 2,2 millones de euros cada uno por cohecho y fraude.

Además, se impone una pena de ocho meses de prisión al expresidente Sevilla FC José María González de Caldas por cohecho, frente a los dos años solicitados por el Ministerio Público; y se condena por blanqueo a la abogada Montserrat Corulla, a la que se le han impuesto cuatro años de prisión..

Los exalcaldes de Julián Muñoz y Marisol Yagüe llegaron a la política local en la época del que fue alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, el fallecido Jesús Gil.

También han estado entre los procesados la ex primer teniente de alcalde del Consistorio marbellí Isabel García Marcos, considerada el "azote" de Gil durante sus años de concejal del PSOE, que la expulsó en 2003 por apoyar la moción de censura que derrocó a Muñoz.

El procedimiento supuso en abril de 2006 la disolución del Ayuntamiento, una medida inédita en la historia de la Democracia española.

Numerosos representantes de medios de comunicación se han concentrado en el acceso de los juzgados malagueños desde primera hora de la mañana.