El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes y envía, por tanto, al Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Cuando se apruebe de forma definitiva, se empezará a tramitar el nuevo Código General de Circulación que, entre otras cosas, materializará la subida de la velocidad a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autovía y autopista.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha insistido en el que el proyecto de ley no es el que modifica los límites de velocidad, pero que existe una obligación de que las sanciones se contemplen en la ley, por lo que el proyecto de ley deja preparado el anexo y el cuadro de sanciones que incluirá el futuro reglamento con los nuevos límites de velocidad.

Calcula el titular de Interior que el Código quedaría aprobado en marzo de 2014 y que será entonces cuando, en cualquier caso, entrarían en vigor los nuevos límites, recordando que "con carácter general" el límite máximo de 120 kilómetros por hora se mantendrá. No ha dado más detalles al respecto.

Fernández Díaz ha explicado las tres novedades fundamentales que incluye el proyecto de ley aprobado este viernes respecto al texto del anteproyecto del pasado mes de julio, que fue sometido, ha explicado, a los informes de los organismos pertinentes e, incluso a las asociaciones de discapacitados, Cermi, y de estudio de la lesión medular, Aesleme.

En primer lugar, se mantiene la prohibición de conducir con la presencia de drogas en el organismo, aunque la norma incluye una excepción para el consumo "bajo prescripción facultativa y con una finalidad rehabilitadora".

En segundo lugar, el ministro ha explicado que, en relación al exceso de velocidad, la multa llevará aparejada, además de la sanción económica, la pérdida de puntos siempre que se superen los 150 km/h (en el anteproyecto de ley eran 160km/h), con independencia de que el límite máximo sea de 120km/h o 130km/h.

Por último, respecto a los "atropellos cinegéticos", se modifica la disposición respecto a la responsabilidad, que será del conductor del vehículo con carácter general, aunque, por ejemplo, cuando sea consecuencia directa de la acción de caza, el responsable será el propietario del terreno, y cuando haya un problema de señalización en la vía, el responsable será el propietario de la vía.

Por otro lado, aumenta la subida de la sanción económica por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, que se duplicará y pasará de 500 a 1.000 euros. La prueba será mediante saliva como medio habitual y la de contraste será un análisis de sangre. La reforma de la Ley de Tráfico incluye pruebas de drogas y alcohol a los peatones que infrinjan normas de circulación y no solo a aquellos que sean víctimas o copartícipes de un siniestro.

Además, el texto prohíbe el uso de detectores de radar -con una sanción de 200 euros y detracción de 3 puntos del permiso- y regula los sistemas de retención infantil, que pasan de un sistema de edad a uno de talla, con una previsión de 135 centímetros, salvo excepciones.

La obligatoriedad del uso del casco para menores que circulen en bicicleta tanto en ciudad como en vías interurbanas es otra de las medidas, en tanto que la utilización o no de este elemento para el resto de ciclistas en las urbes no se decidirá hasta que concluya el debate que sobre este asunto se celebrará en el Congreso.

Fue la directora general de Tráfico, María Seguí, quien lanzó a sus señorías la propuesta de que este polémico asunto se analizará en la Cámara Baja antes de tomar la decisión definitiva y, así, durante el otoño comparecerán en la Comisión de Seguridad Vial expertos y defensores y detractores del casco en ciudad.