El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León destinarán una ayuda extraordinaria de 223.000 euros en los años 2013 y 2014 para ayudar a familias en riesgo de desahucio, que podrán llegar hasta los 3.150 euros al año como máximo.

Así lo han anunciado el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Bienvenido Mena, quienes han explicado que esta medida complementa el convenio suscrito recientemente con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para desarrollar el 'Programa Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio'.

Esta cantidad económica, según ha señalado el regidor municipal, permitirá "dar una respuesta a las personas que más lo necesitan; a las familias más afectadas por la crisis económica que no pueden afrontar el pago de los créditos con el consiguiente riesgo cierto de perder su vivienda habitual".

Las familias salmantinas en situación de emergencia social, con todos sus miembros en paro, con escasos ingresos —entre 7.668 y 11.502 euros anuales según el número de miembros de la familia— y que no puedan hacer frente a la hipoteca podrán acceder a estas ayudas extraordinarias, que ascenderán a un máximo de 3.150 euros anuales.

Esta cantidad económica se podrá destinar al pago temporal de la cuota hipotecaria para que la cuantía libre de que disponen las personas sea suficiente para atender las necesidades básicas; y de los gastos ordinarios de renovación de préstamos hipotecarios o resolución de los mismos en caso de dación de pago (tasación, notaría, gestoría y registro).

Estas ayudas podrán financiar también la puesta al día respecto a cuotas vencidas cuando esta deuda imposibilite los acuerdos con las entidades bancarias o el levantamiento de embargos de pequeña cuantía anotados como cargas registrales que impidan la renovación del préstamo hipotecario.

En los casos que no se puede impedir el desalojo, se podrán dedicar a sufragar gastos de mudanza y alquiler, han explicado los responsables de las dos administraciones.

Oficina de interlocución

Estas ayudas estarán gestionadas por el Ayuntamiento de Salamanca que ya "atiende, asesora y ayuda" a familias con dificultades de pagos hipotecarios derivadas, fundamentalmente, desde el teléfono 012 de la Junta de Castilla y León.

El objetivo es ofrecer asesoramiento a las familias que se encuentran en esa situación para elaborar una propuesta de viabilidad económica, así como interlocución bancaria con el fin de evitar el desahucio de su vivienda, para tratar, en todo caso, de facilitar el pago de la deuda.

Un total de 127 familias han sido atendidas por el Ayuntamiento, de las que 102 fueron derivadas del teléfono 012 y otras 25 accedieron directamente.

El Ayuntamiento ha ampliado este servicio para asesorar e informar a otras personas en esta situación, aunque no cumplan los requisitos establecidos para acceder al resto de ayudas.

Viviendas de alquiler

Por otra parte, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento de Salamanca va a constituir un fondo de viviendas de propiedad municipal para ponerlas a disposición de las familias en riesgo de desahucio o de las unidades familiares que, al carecer de cualquier recurso de alojamiento o de posibilidad de acceso al mismo por sus propios medios, se encuentren en una situación de emergencia social derivada de la pérdida de la vivienda que comporte riesgo de exclusión social.

El objetivo es que el acceso a un alojamiento temporal constituya un medio para promover su integración social y evitar la exclusión, ha apuntado el primer edil.

En este momento "se están ultimando los trámites y el adecentamiento" de 20 viviendas para su puesta a disposición en régimen de alquiler social.

Además, el Ayuntamiento emprenderá la construcción de dos promociones con un total de 27 viviendas protegidas en régimen de alquiler.

Asimismo, el Ayuntamiento de Salamanca está adherido al convenio para la creación del Fondo Social de Viviendas suscrito entre diferentes Ministerios y Entidades Bancarias con la FEMP y la Plataforma del Tercer Sector, para promover la puesta a disposición de viviendas propiedad de las entidades de crédito para su arrendamiento a las familias que habiendo sido desalojadas de su vivienda habitual por impago de un préstamo hipotecario a partir del 1 de enero de 2008 se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad.

El personal técnico del Ayuntamiento emitirá un informe social específico en el que se valore el riesgo de exclusión social que pudiera afectar a las familias, en el plazo máximo de diez días.

Finalmente, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento concede a las familias más vulnerables ayudas de urgente necesidad social o para alquiler de vivienda.

En lo que va de año se han tramitado 687 expedientes para esta finalidad, de los cuales un 40 por ciento son para ayudas de alquiler.