Llevan más de 700 años en el continente, pero siguen sin encontrar su lugar. Son los gitanos del Este (rumanos y búlgaros), un pueblo que está siendo masivamente expulsado de Francia, y que sufre desalojos sistemáticos, acoso y segregación en la mayoría de los países de la Unión Europea, según denuncia el último informe de la organización European Roma Rights Center (ERRC).

Solo este año, Francia ha expulsado a 5.000 gitanos de los casi 20.000 que viven en asentamientos ilegales en los alrededores de ciudades como París, Marsella o Lille. Los ha mandado de vuelta a Rumanía y a Bulgaria, sus países de origen. El presidente socialista François Hollande recoge el testigo de una política iniciada en 2010 por Sarkozy, que supuso ese año la expulsión de 13.000 gitanos del país. Ha sido el actual Ministro del Interior, el catalán Manuel Valls, el encargado de defender públicamente las expulsiones alegando que los Roma, como son conocidos en Europa, no desean integrarse y que su salida ha rebajado la tasa de criminalidad del colectivo. Solo días después, Valls matizaba sus palabras como fruto de la "torpeza". Mientras, la UE reprende tibiamente a Francia por estigmatizar a un pueblo, pero no toma cartas en el asunto.

Pero Francia no es el único país de la UE que expulsa a los gitanos. Según Dezideriu Gergely, director del ERRC, "todos los países de Europa occidental están expulsando gitanos, aunque no en la escala y dimensión de Francia". Aunque a Gergely le preocupa mucho también la discriminación, el acoso y los desalojos sistemáticos que sufren los gitanos del Este en todos los países de la UE y que dejan sin alternativa de vivienda a familias enteras y los condenan a volver a la carretera.

Según el último informe de ERRC, Serbia, Rumanía, o República Checa han generalizado en los últimos años los desalojos de asentamientos de gitanos del Este, desahucios que también se han producido en el centro de Londres, en Roma o en Madrid. "Básicamente echan a la gente de los lugares que habitan, sin darles ninguna alternativa", denuncia el portavoz de asociación que vela por los derechos de la comunidad. La memoria también recoge otros comportamientos discriminatorios como la esterilización coercitiva del colectivo o el acoso, en República Checa, así como la segregación y los desalojos violentos que sufren en Italia.

La investigadora del Real Instituto Elcano Carmen González Enríquez, autora de una investigación sobre los gitanos, explica que Francia no incumple ninguna ley con sus órdenes de expulsión de gitanos en los asentamientos ilegales. "Las normas comunitarias condicionan la libre estancia de un extranjero comunitario en un país miembro de la UE —más allá de los tres meses de estancia libre inicial— a la posesión de medios de vida propios y el incumplimiento de esta condición es motivo de expulsión". Las organizaciones de derechos humanos, sin embargo, denuncian que las expulsiones afectan en exclusiva a una etnia o pueblo y "son contrarias a los principios de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos sobre los que se fundó la Unión", en palabras de Amnistía Internacional, que eleva a 10.000 el número de  gitanos del Este desterrados este año en Francia.

En España, la Fundación Secretariado Gitano, estima que hay unos 50.000 gitanos del Este. La mayoría tienen una situación de marginalidad y de exclusión social, un acceso desigual a la vivienda y a la concesión de ayudas sociales, así como importantes carencias formativas. Y desde 2011, por la moratoria que limita el derecho a trabajar por cuenta ajena, mayores dificultades de encontrar empleo (Aunque dicha traba finaliza el 1 de enero de 2014). Según Secretariado Gitano, el 79% ha emigrado solo a España y un 50% tienen idea de quedarse para siempre en el país. La mayoría se dedica a la recogida de chatarra, a la limpieza de cristales en los semáforos, a los mercadillos o a empleos precarios en la comunidad.

Los primeros gitanos rumanos y búlgaros llegaron a España al inicio de la década de los 90. Según Carmen González Enríquez, su llegada fue muy visible "por su atuendo diferente, por su ejercicio de la mendicidad (...) y por la formación de nuevos núcleos de chabolas o la reactivación de antiguos núcleos". Estos gitanos vinieron "en grupos familiares grandes y en su mayor parte pasaron a depender de la caridad privada o de la pública institucionalizada a través de los servicios sociales". La investigadora especifica que su llegada supuso "un desafío" para los órganos locales ocupados en la erradicación del chabolismo.

El episodio más dramático se vivió en 1999, cuando la Policía desmanteló en Madrid el poblado de Malmea (en el distrito de Fuencarral) en el que habitaban un millar de gitanos rumanos. Los conflictos de convivencia con el vecindario, que llegó a recoger 2.500 firmas contra el asentamiento, provocaron un desalojo expeditivo. Muchas familias fueron realojadas en un campamento municipal, donde apenas permanecieron unos días. Otros salieron de Madrid por las cunetas de las carreteras, lo que causó la muerte a un niño, por el atropello de un camión.

Catorce años después de Malmea, existen asentamientos de menor o mayor tamaño en varias Comunidades Autónomas, entre ellas Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura. La mayoría de los campamentos son ilegales y, últimamente, según las ONG que trabajan con ellos, han visto incrementarse los desalojos y derribos, así como la presión policial.

González Enríquez asegura que en España no se han producido expulsiones masivas, porque la situación "es bastante diferente a la de Francia, por razones históricas. Francia estableció hace muchos años zonas específicas para las gentes de la carretera junto a las ciudades y eso facilitó la expansión de los asentamientos, además de su proximidad geográfica a Rumanía o Bulgaria. Hubo más conflicto con la población local, lo que explicaría la reacción más contundente". En España, asegura, "lo que ha habido es una actuación de los servicios sociales para canalizar la situación de esta población. Ya no se ven tantas madres pidiendo con niños en el metro ni bandas de niños delincuentes". En su opinión, esto prueba que la integración se consigue a base de "grandes inyecciones de dinero".

Pero en España tampoco ha calado la fórmula de Sarkozy, el retorno voluntario previo cheque de 300 euros. De hecho, y según las cifras del Ministerio de Interior, solo 20 de los 1.556 extranjeros que se acogieron el año pasado al retorno voluntario (que incluye billetes gratuitos y un cheque de 50 euros para las personas que viviendo en la marginalidad regresen a sus países) eran rumanos o búlgaros.

Las ONG que conocen de cerca al colectivo, como Accem, sugieren que no están llegando nuevas familias gitanas migrantes en masa a España, en buena medida por la situación de crisis que atraviesa el país, y la falta de expectativas. Las que entraron a finales de los noventa, muchas se asentaron y algunas incluso consiguieron optar a viviendas en régimen de alquiler, gracias a un "sistema de integración modélico", señalan. Sin embargo, la crisis también ha hecho mella en estos y con la pérdida del empleo, muchas son las familias que han regresado a situaciones de precariedad.

Las excavadoras han vuelto este año a El Gallinero. En abril y en junio, el Ayuntamiento de Madrid echó abajo una decena de chabolas del que continúa siendo el mayor asentamiento de gitanos rumanos de Europa occidental. Situado a quince kilómetros de la Puerta del Sol, en prefabricados y chabolas habitan casi 400 personas, la mayoría niños y jóvenes, enuna situación de extrema pobreza, según describen las ONG que trabajan con ellos.

El poblado se fundó en 2005 por población originaria de la región rumana de Txanderei y está situado en terrenos privados, propiedad de una Junta de Compensación, sobre los que había planes de construcción de miles de viviendas, ahora paralizados. Pese a su cercanía con el mayor poblado de venta de droga de la región, Cañada Real, las ONG insisten en que El Gallinero no es Cañada Real, que ellos no se dedican al tráfico de droga. "Aquí hay familias muy pobres y muy precarias, que intentan subsistir con pequeños trabajos, con las rentas mínimas"

Últimamente, los derribos de prefabricados y la presión policial están haciendo mella en la población, explica Carmen Sánchez Cunqueiro, presidenta y fundadora de la Fundación Imaginario Social que desarrolla un programa de prevención de conductas de riesgo con los jóvenes de 12 a 16 años del poblado.

Javier Baeza, de la parroquia San Carlos Borromeo, es otro habitual en El Gallinero. Su percepción es que estos gitanos rumanos no están siendo expulsados como en Francia, "pero vienen sufriendo un acoso más velado, como son los derribos o la criminalización". Y critica la falta de un plan alternativo del Ayuntamiento para esta población.

La directora de Imaginario Social sí ve avances en la integración, y cita la escolarización de los niños, aunque subraya las dificultades que tienen en su integración, por sus "problemas cotidianos". Con todo, señala que el español "es un modelo de integración más tolerante que el francés, aunque la estigmatización sigue existiendo. Quiero creer que nuestro trabajo tiene repercusiones. Hay cosas que han mejorado, pero hay otras que son flagrantes, como el tema de la higiene y la salubridad. No tener letrinas ni recogida de basura supone una degradación de las condiciones de vida", denuncia.