Consumo ha recibido en lo que va de año 616 reclamaciones por cláusulas abusivas y suelo en contratos hipotecarios

Los servicios de Consumo de la Junta de Andalucía han recibido en lo que va de año un total de 616 reclamaciones por cláusulas abusivas y suelo incluidas en contratos de préstamos hipotecarios, según ha informado en Córdoba la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, junto con el responsable de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta en Córdoba, Pedro García.
Dolores Muñoz (izda.) en al Delegación del Gobierno andaluz
Dolores Muñoz (izda.) en al Delegación del Gobierno andaluz
EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA
Dolores Muñoz (izda.) en al Delegación del Gobierno andaluz

Los servicios de Consumo de la Junta de Andalucía han recibido en lo que va de año un total de 616 reclamaciones por cláusulas abusivas y suelo incluidas en contratos de préstamos hipotecarios, según ha informado en Córdoba la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, junto con el responsable de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta en Córdoba, Pedro García.

Precisamente, para acabar con esta situación de "abusos y despropósitos", según ha subrayado Muñoz, el Gobierno andaluz ha aprobado recientemente el anteproyecto de Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria sobre la vivienda.

El texto de la futura norma, según ha recordado, está abierto a las aportaciones de los agentes sociales y económicos hasta el próximo día 15, fecha de finalización del trámite de audiencia. Por ello, Muñoz les ha animado a hacer sugerencias y así contribuir a "enriquecer y mejorar el anteproyecto", con el fin de lograr una ley "muy completa y que dé respuesta a las demandas de la sociedad en esta materia". Con este trámite se pretende "dar voz a las organizaciones y asociaciones que representan los intereses legítimos de la ciudadanía", según ha asegurado.

La máxima responsable de Consumo de la Junta de Andalucía ha indicado que son 12 las entidades a las que se les ha trasladado el anteproyecto, entre las que se encuentran asociaciones defensoras de derechos de personas consumidoras y usuarias, servicios bancarios, el Colegio de Notarios de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Muñoz ha destacado el "carácter participativo" del proceso de elaboración de la norma, que ya ha estado abierta a las sugerencias y aportaciones de las organizaciones de personas consumidoras y la ciudadanía.

Igualmente, ha resaltado la "voluntad educativa y formativa de la Ley", de la que ha destacado también su "alcance social, económico y político". En definitiva, una norma, pionera en España y que, a su juicio, refuerza la "voluntad del Gobierno de la Junta de Andalucía de no pasar de largo las demandas de la ciudadanía" y que nace con "una alta visión de futuro pero que tiene los pies en la tierra".

Gas natural

En su agenda de trabajo en Córdoba, la secretaria general de Consumo ha incluido una reunión con el fiscal Fernando Santos Urbaneja, que está llevando el caso de presuntas estafas de Gas Natural. El objetivo del encuentro ha sido "estrechar" la colaboración en un asunto que ha provocado denuncias en diversas provincias, siendo Córdoba una de las más afectadas, con un total de 150.000 afectados y por un montante de diez millones de euros.

Según ha recordado Muñoz, el citado fiscal cordobés pidió a la Junta que ésta se personara en el procedimiento, que ya ha logrado sentencia firme contra Gas Natural y que la obliga a devolver a los usuarios el dinero cobrado indebidamente, pero eso aún no se ha producido, algo que a la responsable de Comercio de la Junta le parece "preocupante" y lograr que se haga efectiva esa devolución el fin del encuentro de este día, con la participación de los letrados de la Administración autonómica.

Por último, Muñoz ha mantenido una reunión con el delegado de Comercio, Vía Pública y Defensa del Consumidor del Ayuntamiento cordobés, Ricardo Rojas, con quien ha coincidido en la "necesidad" de colaboración entre las administraciones, para reforzar la protección de las personas consumidoras y usuarias.

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